Cabildeo sin Ética

Como profesionales –en algunos casos, expertos–, dedicados a las diferentes disciplinas de la comunicación comercial, debemos estar alerta a todo aquello que lesione al principal destino de todos nuestros mensajes y que, por añadidura, se convierte en nuestra principal fuente de sustento: el consumidor (que, al final de cuentas, somos todos).

Hay tres formas de agredirlo: La primera –sería la más obvia–, consiste en despojar al consumidor del derecho que tiene de reclamar (y exigir) por un producto o servicio que represente justamente el costo que está pagando por éste; la segunda, en un mundo donde debe imperar el libre albedrío, sería dejarlo sin opciones de compra o servicio en un ámbito de economía cerrada o de corte monopólico (aquí ya tenemos varios ejemplos de agresión de este tipo); y, la tercera, despojarlo de la libertad de asociarse civilmente con sus pares, para emprender una acción colectiva en contra de una empresa u organización (pública o privada), que abuse de su condición de proveedor, en contra de los intereses de uno o varios consumidores con el mismo tipo de reclamo.

Hace unas semanas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 17 constitucional para que sólo tres organismos de gobierno: La PROFEPA (procuraduría del medio ambiente), la CONDUSEF (defensa para usuarios de servicios financieros) y la PROFECO (procuraduría del consumidor) puedan emprender acciones colectivas –por sí mismas y no a nombre de grupos de usuarios–, en contra de proveedores abusivos de bienes o servicios.

Esto sin duda perjudica uno de los derechos más importantes que tienen los consumidores en casi todo el mundo –ahora ese casi incluye también a México–, pues ahora si un consumidor agraviado por un tipo de abuso logra defenderse de ese abuso y gana ante un tribunal, ese fallo no aplica a otro consumidor que presente el mismo problema, es decir que éste otro tendrá que hacer de nuevo –y en forma individual– el proceso judicial de reclamo con todo lo que ello implica en tiempo, dinero y esfuerzo.

El asunto aquí es que esta disposición, no se debió sólo a la ocurrencia de un par de legisladores que logró que su idea permeara entre los diferentes grupos políticos (el acuerdo que se logró por unanimidad, refleja más la ignorancia que la inconciencia de nuestros “representantes”), se debió a la fuerte presión de cabilderos que, con el único propósito de atender la demanda de sus clientes –COPARMEX, Consejo Coordinador Empresarial, Asociación Mexicana de Bancos, entre otros–, no repararon (o no se quisieron dar cuenta) que los perjudicados seríamos todos.

Ahora bien, hay un sólo tipo de cabildeo pero ejecutado por dos tipos de cabilderos, me explico. El cabildeo tiene por objeto el influir en el poder público –ejecutivo o legislativo– para, a través de la emisión de leyes o decretos, favorecer determinados intereses, particulares o públicos, que pueden beneficiar a una empresa o grupo de empresas que promueven una ley determinada y que además traerá consigo beneficios públicos (como por ejemplo, si las empresas que se dedican al tratamiento de aguas logran que por ley toda construcción que se haga en una metrópoli como la ciudad de México se obligue a tener una planta de tratamiento de agua residual para abatir la escasez del líquido –cosa que no se le ocurre ni de broma a los legisladores–); pero esta práctica también pueden favorecer a otro tipo de empresas que, sin menoscabo del perjuicio que puedan ocasionar a la población (como el sonadísimo caso de las cigarreras estadounidenses en los 80’s), se salgan con la suya y hasta lleguen a la corrupción como un método de “influencia” más directa.

Sin embargo, como se mencionaba, hay dos tipos de cabilderos: Quienes a través de un trabajo serio de relaciones públicas (casi siempre comunicólogos) buscan la base social (grassroots) como soporte a su trabajo de influencia y quienes se ostentan como cabilderos profesionales (casi siempre ex políticos o peor aún, aspirantes a políticos), que hacen su trabajo sin la menor consideración al daño público que puedan acarrear con su trabajo.

En este sentido, la ética en nuestra profesión se dimensiona aun más y no pretende otra cosa que la valoración de nuestros actos con respecto al sentir común de una sociedad ya de por sí lastimada por las decisiones de sus gobernantes. Lo que se ha hecho con esta reforma de ley, perjudica visiblemente, los derechos que como consumidores tenemos.

Un hombre sin ética, decía el increíble escritor argelino-francés Albert Camus, es una bestia salvaje soltada a este mundo.

Nada nos debe impedir como profesionales, rescatar las causas que sean justas a la vista de nuestra sociedad.