septiembre 19, 2020

Ni las Ven Ni las Oyen

Por Manuel Moreno Rebolledo

“De aquí no nos vamos a mover y van a seguir llegando más madres de toda la República. Somos un chingo y somos de todo el país, y así tengamos que quemar las pinches fiscalías, lo vamos a hacer. ¡Hagan su maldito trabajo, fiscales y ministerios públicos! Y si no pueden, tenga tantita dignidad y renuncien”, exclamó el pasado 7 de septiembre Yesenia Zamudio, cuando tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la fuerza –fuerza que sólo da el sentimiento de frustración por la indiferencia–.

El Código Penal Federal señala que comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género y se determina cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; si existen antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. Es decir, se mata a una mujer por el sólo hecho de serlo.

El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género nos ayuda con una definición: se entiende como feminicidio “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a julio del presente año (últimos datos actualizados), han habido 521 feminicidios, además de los 55,889 delitos relacionados contra mujeres y que van desde robo a mano armada, violación, secuestro, hasta trata de personas; peor aún, se sabe que durante la pandemia, la violencia doméstica contra las mujeres ha aumentado un 60%, de acuerdo con una alerta emitida por ONU Mujeres en México; es decir que son agredidas desde su propia casa, por su propia familia. El delito ha aumentado en los dos últimos años y lejos de hacer algo al respecto, este gobierno –como lo han hecho los anteriores–, hacen oídos sordos al reclamo.

Una de las salidas fáciles la da el propio secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien, aunque reconoce que este delito es responsabilidad del ámbito federal, dice que las autoridades estatales de seguridad poco hacen dado que no en todos los estados está debidamente tipificado el delito. Los asesinatos de mujeres parecen tener el mismo pretexto que la pandemia, o que todo lo que a este gobierno le sale mal.

Ante la toma de la CNDH por parte de colectivos feministas y familiares de víctimas de desaparición forzada, violaciones y feminicidios, el presidente López Obrador lejos de mostrar algún gesto de empatía hacia ellas –ya no digamos de enviar a un funcionario de alto nivel que tratara con ellas para darles solución (o cuando menos esperanza) a sus reclamos–, se quejó de que en la toma de las instalaciones “hayan ultrajado a Madero” (por una pinta sobre un cuadro del citado personaje).

Para López Obrador, todo el movimiento feminista –con los reclamos perfectamente justificados que lo han provocado–, se le ha atragantado en todo lo que va del sexenio al grado de ni siquiera nombrarlo en sus mañaneras o haber valido siquiera una mención mínima en su segundo informe de gobierno (donde seguramente no cabía más por ser parte de esa otra realidad en la que él vive), y aunque el gobierno ha reconocido por voz de Alfonso Durazo que es necesaria una estrategia específica para el tema, el hecho es que no han emprendido una sola acción directa para prevenir o disminuir el delito; es más, López Obrador ha dicho que “como fueron 36 años de dominio neoliberal, neoporfirista, en donde no importaba lo que le sucedía a la gente”, el proceso para atender esta problemática, sería lento.

Lo único que ha buscado el movimiento de las mujeres es que se de cumplimiento a las leyes que se han creado en la materia para su protección y tratamiento paritario, y aunque no se han propuesto ser o ubicarse como una oposición a López Obrador, lo han logrado. Ante estos reclamos, López Obrador, cuando se le ha logrado sacar alguna respuesta a este tema, ha minimizado y desacreditado el asunto. El hecho de no recibir a las madres que han hecho plantones afuera de Palacio Nacional, ha sido tomado como un desprecio de su parte.

La unión y combatividad de los grupos que conforman el conglomerado feminista, es lo que parece molestar al presidente, al igual que salir a hablar y dar su punto de vista después de que el presidente haya declarado algo que incumba a este grupo, dijo en entrevista con Latinus María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios y quien se había pronunciado como partidaria de López Obrador; aunque él diga que detrás de ese movimiento están los conservadores o la derecha.

Las políticas públicas que se generen para disminuir los delitos y atacar en forma seria la violencia de género, debe comprender un aparato de inteligencia que permita el conocimiento –o reconocimiento– de los comportamientos sociales y familiares locales, dado que todas las regiones del país son diferentes, con patrones de comportamiento diferentes y grados de acción diversos. Esto ya se le ha advertido a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y a Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, pero no han hecho nada al respecto (lo que confirma probablemente su bien ganado apodo de “floreros”).

A la sociedad –toda–, nos corresponde reconocer que hay leyes que dan un tratamiento diferenciado al delito contra las mujeres por el simple hecho de que el delito, en sí, es diferente. Nos corresponde, de igual forma, educar a nuestros hijos y reeducarnos (de ser esto posible), en el respeto irrestricto al genero opuesto y a la paridad de ambos.

Por su parte, al presidente le corresponde actuar y comprender que no generar políticas públicas que ayuden al cumplimiento de la ley en esta materia, también es corrupción. En principio, el presidente debe escuchar los reclamos, en lugar de quejarse de la mala conducta de quienes tomaron las instalaciones de la CNDH.

Eleanor Roosevelt, conocida quizás por ser la primer Primera Dama de Estados Unidos en mostrarse mucho más activa hacia los asuntos de Estado en su país que cualquiera de sus predecesoras, decía que las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia.

Nos leemos la semana entrante y los invito a seguirme en Twitter: @ManuelMR. 

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