por Manuel Moreno Rebolledo
Siendo presidente de la Radio Free Europe, una organización de radio auspiciada por el gobierno de Estados Unidos en épocas de la Guerra Fría para transmitir servicios informativos por onda corta a los países de Europa del Este, y en una de sus elocuentes participaciones, James L. Buckley alertó sobre lo que la gente no advierte en la política porque –decía– lo que la gente tarda en notar (si alguna vez lo hace), es que el instrumento de corrupción en la política no es el dinero, sino los votos. Parece, decía, que el tener más votos diera derecho a cometer ilícitos. Más tarde en su carrera se volvió juez federal propuesto por el presidente Ronald Reagan (1985), posición desde donde se opuso, en más de una ocasión a iniciativas del mismo Reagan, aduciendo siempre la independencia que tiene el Poder Judicial de los otros poderes de gobierno.
Esa muestra de independencia férrea, de incorruptibilidad es la que se espera en todo momento de los ministros que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desafortunadamente, en nuestro caso, no sucede.
El pasado jueves 1º de octubre, la Corte falló en contra de un primer proyecto de inconstitucionalidad a la consulta popular propuesta por el presidente de la República para juzgar a todos los expresidentes –de Carlos Salinas a Peña Nieto (no hay otro vivo a excepción de Luis Echeverría, que no fue mencionado)–, para investigar y sancionar sobre su eventual comisión de delitos.
Los magistrados Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; José Luis González Alcántara Carrancá; Ana Margarita Ríos Farjat; Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán, junto con el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, fueron quienes impusieron la mayoría de 6 a 5 para que la consulta se declarara constitucional, enviando al Senado un cambio sobre la pregunta hecha por López Obrador, quedando: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Esta pregunta, vagamente propone que los expresidentes le expliquen a la nación (o esclarezcan), las decisiones políticas que tomaron, dejando de lado las posibles repercusiones que en materia de seguridad nacional, cuando menos, les pudieron haber orillado a la toma de determinadas decisiones.
No es un secreto que los jueces que componen la el Pleno de la Corte sientan apego por el presidente que los nominó en una terna ante el Senado, de la cual resultaran electos. Es el caso de las ministras Ríos Farjat y Esquivel Mossa con López Obrador al igual que el presidente, Zaldívar Lelo de Larrea; así como Gutiérrez Ortiz Mena y Pérez Dayán con Peña Nieto, por ejemplo.
La sumisión al Poder Ejecutivo que mostraron estos jueces podría tener, de menos, un par de explicaciones. La primera deja bastante escozor pues presume –hipotéticamente–, que López Obrador a través de Zaldívar (su incondicional), amagó a los cinco jueces restantes sobre la posibilidad de tener información comprometedora en su poder –en poder del Ejecutivo–. Esta hipótesis se basa en el hecho de que al antiguo CISEN sólo le cambiaron las siglas por CNI (Centro Nacional de Inteligencia), pasándolo de reportar en la SEGOB a hacerlo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Alfonso Durazo, cuando quien la controla en forma directa es el propio presidente de la República. Todos saben el tamaño de su cola, pero no le dan importancia hasta que saben que alguien más se las está midiendo.
La segunda hipótesis, dice que los tres más apegados a López Obrador cabildearon con los demás para darle al presidente la consulta popular que tanto quería; es decir, sólo por cumplirle el capricho, para quedar bien y contener a priori la andanada de seguras criticas a la Corte inducidas por el presidente, dedicándose a redactar los suficientes cambios en la pregunta original, como para hacerla lo menos agresiva y comprometedora posible. Con ello, le podrían dar gusto al presidente sin comprometer su cercanía, le darían también un respiro a la Corte de someterse a la agresión política del Ejecutivo y sus ansiosos seguidores y le quitarían la palabra ‘delito’ a lo que quedaría posiblemente en ‘error político’ a juicio de nadie sabe hasta ahora quién.
En ninguno de los dos casos, los jueces estarían actuando conforme a lo que indican sus funciones que es defender y vigilar los medios de control constitucional, entre los que se encuentra la determinación sobre la materia de las consultas populares. Resulta muy extraño que la mayoría de los expertos constitucionalistas consultados por los diferentes medios, como Francisco Burgoa, Octavio Pérez Paz, Alberto Woolrich y Pedro Salazar –este último director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM–, entre muchos otros, declaraban la consulta como inconstitucional, tal y como fue presentada al Pleno por el ministro Luis María Aguilar.
Es decir que, ya sea por miedo o por adulación, este fallo de la Corte será recordado por mucho tiempo y quedará archivado en nuestra memoria como el intento de hacernos regresar a aquellos tiempos en los que los tres poderes no eran más que damas de compañía del Ejecutivo y López Obrador será recordado también como el personaje que logró reunir los peores vicios de esos homólogos suyos que casi destruyen el país: el autoritarismo de Díaz Ordaz, el perjuicio sin brújula de Luis Echeverría y la torpeza supina de López Portillo. El actual presidente tiene, sin duda, tendencias imperiales.
Cuatro características corresponden al juez –decía Sócrates–: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.
Nos leemos la semana entrante y los invito a seguirme en Twitter: @ManuelMR.
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