El Juicio

 por Manuel Moreno Rebolledo

De 1934 a 1945, tuvo lugar en la Alemania nazi el Volksgerichtshof, es decir, el Tribunal o Corte del Pueblo, que tenía como propósito juzgar los “delitos políticos” cometidos contra la ideología y el modo de vida del Tercer Reich. Estos delitos, sometidos a un tribunal “popular” –seleccionado escrupulosamente por el mismo Hitler–, eran severamente castigados pues representaban delitos de sedición en contra del Führer.

Periodistas, sacerdotes y sobre todo, políticos contrarios al régimen, se cuentan entre sus sentenciados más famosos. La mayoría de las sentencias eran auténticas farsas en las que se sabía de antemano el veredicto.

Emanados de las propuestas de campaña, los juicios a los expresidentes siempre parecieron responder más a una venganza personal (originalmente sólo se hablaba del villano favorito de López Obrador –Carlos Salinas– y de su nuevo villano –Felipe Calderón–), que a propósitos racionales que albergaran cierto tipo de justicia retributiva. Luego, ya instalado como presidente y ante la evidencia de un pacto de no agresión con Enrique Peña Nieto, todo parecía haber tomado un curso diferente. De hecho, fueron varias las ocasiones en que nos dijo a todos que él no buscaba la venganza y que ya lo pasado, era pasado. Que él, ya no le movería más.

Sin embargo ahora, ante los más de 60 mil fallecidos por la pandemia, los pésimos números en la economía y la violencia que sube todos los días, parece que echar mano del recurso que seguramente le abonó algunos votos a sus muchas promesas de campaña, se le hace necesario, sobre todo porque no tiene claro el escenario electoral para 2021 y, con el video difundido donde su hermano Pío sale recibiendo dinero en efectivo para su campaña, proveniente del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas, parece que las cosas con el tema anticorrupción, se le emparejaron.

Este viernes en Reynosa, Tamaulipas, López Obrador volvió a insistir en el tema del juicio a los expresidentes. Afirmó que por ser necesario, no descarta presentar una solicitud de consulta ciudadana para preguntarle a la población si se debe llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México. Esto, dijo, en el escenario de que los ciudadanos o los legisladores –sus legisladores, por supuesto–, no logren presentar la solicitud antes del 15 de septiembre, cuando vence el plazo legal para pedir ese “ejercicio de participación ciudadana” donde, dijo, su gobierno “no torcerá la ley” para fabricar culpables.

Sin embargo, enmendar el discurso no sólo le sirve para seguir marcando la agenda y hacer que la mayoría de los medios –sobre todo aquellos donde ya se hace obvia su mano–, no dejen de publicar o hablar sobre el caso Lozoya y ahora de la “consulta ciudadana”, desviando la atención de lo que requiere atención urgente, sino que le sirve también para afianzar la fidelidad de sus seguidores.

Sin embargo, la sola voluntad del presidente de hacer la consulta en cuestión, resulta otro veneno para las instituciones. Me explico:

Esta consulta, de apegarse a la Constitución, tendrá que pasar por la Suprema Corte de Justicia (SCJN), la cual deberá calificar si cumple o no con el requisito de constitucionalidad; es decir, que la SCJN tendrá en sus manos tanto la fecha de aplicación (que podrá ser el primer domingo de agosto de 2021) y ver si no violenta los derechos humanos de los implicados. Y aquí es donde la cosa se pone difícil para la Corte: la consulta no puede ser constitucional pues entre los temas que le dan impedimento a este ejercicio, está justamente la restricción de los derechos humanos y esta los violenta.

Para ponerlo más claro: si hubiera delitos que perseguir, dicha consulta no sería necesaria; sin embargo, como los delitos de los que seguramente se acusará a los últimos cinco expresidentes ya prescribieron (a excepción de algunos con los que eventualmente podría acusarse a Peña Nieto), buscar enjuiciarlos sería anticonstitucional. No obstante, algunos simpatizantes del presidente, ya externaron el deseo de acusar a Calderón por delitos de lesa humanidad, pero eso también sería de uso propagandístico ya que difícilmente podrían comprobarle que los muertos y desaparecidos durante su sexenio, tuvieron la condición de haber sido ejecutados por la fuerza del Estado o del gobierno en cuestión.

Y esto (desafortunadamente), le serviría nuevamente a López Obrador para culpar al máximo órgano judicial del país y –de paso– al INE, pues no se nos olvide que el proceso electoral de julio de 2021 estaría inconcluso, con todo el trabajo que ello implica para el órgano electoral que sería el encargado de llevar al cabo la consulta, y que ello probablemente le daría más parque a López Obrador para agarrar de piñata a más de una institución (tal y como lo ha venido haciendo desde que comenzó su gobierno).

Aún le quedan a López Obrador muchas posibles enmiendas a su discurso que no deja de ser melodía para los oídos de sus seguidores. En ese sentido, cualquier intento por contrarrestarlo deberá ser acompañado de un discurso que rompa con tanta credulidad.

El publicista John Verdon decía: “Pasamos por alto las pruebas reales. Ese es el problema. Así es como funciona nuestra mente. Las historias nos encantan. Necesitamos creerlas y ¿sabes qué? La necesidad de creerlas puede ser nuestra perdición”.

Nos leemos la semana entrante y –mientras–, los invito a seguirme en Twitter: @ManuelMR.

La Justicia como Circo

Por Manuel Moreno Rebolledo

Loable es cuando se pretende acabar con la corrupción y se acepta la vía institucional para juzgar y, en su caso, sancionar a los culpables. Cuando la justicia toma una pista diferente o adicional a la que se señala, se vuelve un circo difícil de controlar y que termina por ser contraproducente para todos.

Dice un proverbio árabe que la primera vez que nos engañan no es nuestra culpa, pero la segunda vez, esa es sólo de nosotros. Personalmente creo que en México ya deberíamos de estar curtidos en lo que a políticos del sistema se refiere. Se necesitaría ser muy ingenuo –o muy fanatizado–, para no darse cuenta de que lo único que ha cambiado son las élites políticas. Es decir, lo que en Lozoya (y sus mentados) es corrupción, en Pío (el hermano), son contribuciones del pueblo bueno.

Y mientras la justicia corre por cuando menos dos pistas –la institucional que va muy lenta y la mediática que toca al son que le marcan las Mañaneras–, el país se hunde en cuando menos tres crisis: la sanitaria, la económica y la de seguridad.

Con respecto a la pandemia, este fin de semana llegaremos a 60 mil defunciones, cifra que López-Gatell veía como “escenario catastrófico” hace apenas un par de meses, ubicando al país en la reiteración del tercer lugar de fallecimientos en el mundo por el coronavirus y casi 550 mil contagios, que no son más porque cada día hacen menos pruebas y a quien se las hacen son a los que se encuentran visiblemente contagiados, sin seguimiento alguno –con pruebas, por supuesto–, a quienes tuvieron contacto con quien ya está enfermo.

El gobierno ha abordado esta pandemia de una manera por lo menos indolente y no sólo no retrocede en esta política: premia dándole mayores funciones (y jerarquía dentro de sus pares), al subsecretario responsable del desastre.

Mientras esto sucede, el presidente sigue en campaña. Intentando hacernos creer que ahora sí la Fiscalía es autónoma –él propuso a Gertz Manero, hay que recordarlo siempre–; él dicta desde Palacio Nacional lo que desea ver en la siguiente Mañanera y lo consigue, haciendo ver a la Fiscalía General como el cilindro cuyo mono sólo se levanta el gorro para saludar. Pide ver un video y misteriosamente se le concede; pide ver todo lo que ha declarado Lozoya y misteriosamente se filtra la denuncia completa. Insisto, quien quiera ver en esto un cambio con respecto a las prácticas del pasado, de plano se metió a ver otra película.

Y mientras el presidente logra el enorme distractor (que legítimamente podría representar un combate a la corrupción desde la vía de las instituciones), que representan los dichos de Lozoya y a quienes involucra, la economía del país se encamina a decrecer en dos dígitos del PIB; al segundo trimestre del año, INEGI reporta que ya suman 15.7 millones de personas sin empleo, con una inflación a la segunda mitad del mes de julio de casi el 4%.

Según la encuesta del INEGI, en el 30.4% de los hogares algún integrante perdió su trabajo y en el 65.1% de las viviendas los ingresos han disminuido durante este semestre.

Adicionalmente y de acuerdo con CANACINTRA, cerca de 250 mil empresas han tenido que cerrar en lo que va del año y, para finales de 2020, será medio millón de empresas las que habrán tenido que darse de baja. La negativa del gobierno de darle apoyo a las PyMES (no gratuito, es lo que pedían), ha originado este desastre económico. Para dar un ejemplo, mientras países como Italia, Corea del Sur o Argentina han dado estímulos a sus empresas equivalentes al 13% y 4% de su PIB los dos últimos, México sólo ha dado estímulos equivalentes al 0.7%. En cambio, López Obrador decidió repartir Créditos a la Palabra entre “los pobres” (a finales de julio sólo se habían otorgado poco más de 900 mil), lo que en absoluto logró aminorar la pérdida de fuentes de empleo.

Mientras este otro desastre tiene lugar, López Obrador se encarga de azuzar a su fanaticada regodeándose en insistir en documentos que sólo deberían tener validez oficial. Fustiga –casualmente citados en el documento de Lozoya–, a Salinas (su villano favorito); a Calderón (quien le “robó” la elección); al PAN (el único capaz de toda la minusválida oposición que podría amedrentar a Morena rumbo a 2021), y ya de paso a Peña, Videgaray y otros sospechosos comunes.

Frente a él –y frente a todos–, pasa inadvertida de momento la crisis de inseguridad que continúa (desde Calderón, eso sí), viviendo este país. No obstante, esta vez ninguna cifra se compara con las anteriores: en los primeros seis meses de este año fueron asesinadas 17 mil 982 personas en México. Se trata, en promedio, de casi 100 asesinatos de forma premeditada todos los días en 2020, la mayoría de ellas con armas de fuego. Es un nivel de violencia inédito para un primer semestre en el país.

Las víctimas de homicidio y feminicidio reportadas oficialmente en los primeros seis meses de este año superan en más de 300 a los 17 mil 653 registrados en todo 2019, año que hasta ahora ostentaba el nivel más alto de violencia del último cuarto de siglo.

Y así podemos seguir tratando cada uno de los rubros de este país: los dos únicos aciertos –si así los pudiéramos llamar–, que ha tenido este gobierno son, la vacuna contra el Covid-19 que hará la Fundación Slim (sí, ese de la minoría rapaz) y AstraZeneca (sí, esa empresa baluarte del neoliberalismo), así como la transmisión de clases por televisión (sí, con el apoyo de esa mafia del poder). De ese tamaño la transformación.

El pintor y escritor español Santiago Rusiñol decía que de todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos. Por eso es que al presidente no le creo nada.

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El Regalo

Por Manuel Moreno Rebolledo

En el siglo I A.C., Virgilio, por encargo del emperador Augusto –y con el fin de glorificar al Imperio Romano–, trató de reescribir los poemas homéricos tomando como inicio la Guerra de Troya y la final destrucción de esa ciudad, culminando su relato con la gestación de Roma tratando de imitar la forma como fue escrita la mitología griega. Esa epopeya latina se conoce como La Eneida.

Timeo Danaos et dona ferentes (temo a los griegos incluso cuando traen regalos), es quizá la frase más conocida de esa magnífica obra y Virgilio la ubica cuando el sacerdote troyano Laocoonte desconfía del caballo de madera regalado por los griegos a los troyanos y les advierte de no aceptar el obsequio.

Todo mundo recuerda como acaba la historia del Caballo de Troya. No sé si Gertz Manero también lo recuerde y menos aún Andrés Manuel López Obrador quien, para efectos del caso Lozoya, se ha vuelto su principal vocero.

Hasta ahora, lo que sabemos del caso en cuestión, es que el Fiscal General de la República ha dicho que tiene la certeza plena de que ninguno de los delitos que se le imputan a Emilio Lozoya ha prescrito y negó haberle dado beneficios especiales para permanecer en libertad. Descartó también que pueda ser liberado de cargos y que sus bienes incautados –algunos en Europa, otros en México–, garantizan en parte el daño causado a Pemex.

Así mismo, es el Fiscal quien ha dicho que las denuncias de Emilio Lozoya en contra de Peña Nieto y Luis Videgaray son de dos tipos: la primera (100 millones de pesos en números redondos) en pagos a consultores extranjeros para la campaña electoral del PRI en 2012; y la segunda (400 millones de dólares, también en números redondos), para la compra de voluntades de diputados y senadores y garantizar con ello la aprobación de una de las reformas estructurales.

De igual forma, Gertz Manero detalló que hay otra parte de las denuncias donde se habla de Etileno XXI. Como se sabe, en el caso de esta última empresa también se operaron beneficios de carácter económico por parte de Oderbrecht e involucra directamente al gobierno de Felipe Calderón como responsable.

Hasta ahora, el que Emilio Lozoya le hizo a la 4T parece ser sólo un regalo envenenado y los delitos que Gertz Manero dice que no han prescrito, seguramente se refieren solamente a los que ha cometido el propio Lozoya, Me explico.

El traspaso de 100 millones de pesos de Oderbrecht al pago de “consultores extranjeros” para la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, sería considerado como un delito electoral mismo que, en términos de las leyes vigentes en la materia –cuya encargada de investigar es la FEPADE–, ya prescribió.

De igual forma, el caso de Etileno XXI, amén de que una de las partes beneficiadas sea IDESA (la empresa de la familia del exsecretario de Comunicaciones y Transportes del actual régimen, Javier Jiménez Espriú), de comprobarse, sería un delito que seguramente también ya prescribió. La mayoría de delitos relacionados con la corrupción tienen una prescripción promedio de cuatro a cuatro años y medio, salvo tres: Cohecho (que tiene un promedio de prescripción de 5.8 años); Peculado (con un promedio de prescripción de 7.3 años), y Enriquecimiento Ilícito (con un promedio de prescripción de 7.4 años).

Entonces a Gertz Manero le quedaría por investigar la instrucción que Peña Nieto y Luis Videgaray le hubieran dado a Emilio Lozoya de repartir 400 millones de dólares –otorgados por Oderbrecht–, para el soborno de un determinado número de legisladores en favor de la Reforma Energética. Honestamente no veo cómo Lozoya haya conseguido un oficio, un memorándum o una videograbación donde cualquiera de los mencionados le haya girado la instrucción precisa de hacer lo que dice le pidieron hacer.

Ojo, con esto no quiero decir que no haya sido posible que los ilícitos hayan sucedido o siquiera sugerir que Peña Nieto o Videgaray sean inocentes de cualquier cargo de corrupción; si algo distinguió a la anterior administración es que siempre estuvo en entredicho al respecto. Lo que suscribo es que, lo que intenta probar Gertz Manero con los dichos de Lozoya es mucho más complicado de lo que nos quieren hacer creer.

Ahora bien, es muy curiosa la ansiedad de López Obrador por difundir “adelantos” del caso Lozoya. El presidente ha sido hasta ahora el más pertinaz amplificador del caso –aunque diga el Fiscal General que no le ha filtrado información alguna–, y lo ha sido por una razón muy importante: que su narrativa no se caiga.

Es mucha la casualidad sobre los tres temas que el asunto abarca (delitos, si acaso, prescritos o no), cuadran perfectamente con el discurso de López Obrador: el primero, que ha dicho que perdió la elección de 2012 por el dinero que, fuera de la ley, repartió el PRI en su campaña; segundo, ha dicho que las reformas estructurales se hicieron no por convicción sino por la corrupción del ‘PRIAN’; y tercero, que el gobierno de Felipe Calderón –si no es que él mismo–, fue un gobierno corrupto. Las denuncias de Lozoya coinciden perfectamente con los dichos de AMLO.

Sin embargo, de no acabar Peña, Calderón o Videgaray en la cárcel y sólo utilizar la información que está dando Lozoya para defender el discurso del presidente, el asunto le puede explotar en la cara al gobierno y llevar a la Fiscalía a un problema de reputación del cual no se reponga.

El regalo, entonces, será un regalo muy amargo.

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No Perdono a la Vida Desatenta

 por Manuel Moreno Rebolledo

“Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada”, le escribiría (le cantaría) el poeta republicano Miguel Hernández a su amigo y joven compañero de armas Ramón Sijé.

Pocas son las cosas que causan más dolor que la partida inesperada de un ser querido. 

Esta semana, en México y por causa de la pandemia, se llegó a la cifra de 50 mil muertes. 50 mil personas que más que estadísticas, números o cifras que vienen a complementar un informe, son 50 mil dolores, 50 mil familias, 50 mil dramas de –en muchos casos–, ni siquiera haberse podido despedir.

Poco a poco fuimos pasando, sin darnos cuenta y sin una muestra mínima de empatía de quien nos ha proporcionado fallidamente, una y otra vez, los datos de la pandemia, del primer contagio “de importación” detectado el 28 de febrero, a la primera propagación del contagio (sin seguimiento alguno del paciente cero), hasta la primera defunción.

Después de eso se nos dio el primer cálculo (26 de mayo): “la estimación de personas que pueden morir en México por el Covid-19 podría llegar a entre 25 y 30 mil personas”.

Sabemos los casos de personas públicas: celebridades, empresarios, políticos. De ellos sabemos sus nombres y aunque no nos sean cercanos, también nos condolemos. Pero desconocemos al resto, a esos dolores anónimos cuyo drama personal va desde el aviso de que “su enfermo ya falleció” a recoger sus cenizas porque, en el trayecto, no se permitió siquiera el reconocimiento del cadáver.

Se nos dio a conocer la primera baja entre el personal médico; los enfermos, hospitalizados y fallecidos que –insisto–, como cifra, se acumulan cada día, permitiéndonos ser simples observadores de cómo se multiplican, sin una explicación satisfactoria del por qué, si tantas veces –siguiendo lo que la autoridad nos dice–, se ha “aplanado la curva” o se ha “domado a la pandemia”.

Ya habrá tiempo para condolernos con los deudos, nos dice una autoridad cada vez más lejana de mostrar algo de conexión, pero cada vez más activa por seguir en campaña política a través de los diferentes municipios del país. Una autoridad que se ha negado sistemáticamente a utilizar cualquier tipo de recomendación que le ha venido de autoridades científicas internacionales (más pruebas y el uso de cubrebocas), pero ha capturado al científico a cargo para que nos convenza de que la principal autoridad es “una fuerza moral” con la que el virus no puede. Esas autoridades –la presidencial y la científica–, que están sirviendo como ejemplo a muchos sectores de la población que o también se sienten una fuerza moral o creen que con traer unas estampitas religiosas en la cartera será suficiente y que por seguir estos ejemplos se contagian y en el peor de los casos, también mueren.

Por eso la autoridad científica también se bajó del escalón: arrinconado por su propio fracaso (o ego, no sabemos aún), ha cambiado cuando menos cuatro veces la forma de informar sobre la pandemia. Primero, poniendo los datos sustanciales de la evolución de la enfermedad, como colofón para asegurar no ser cuestionado; después pasó a un cuadro mucho más objetivo, donde ya se destacaba la información importante (número de contagios, número de decesos, contagios activos y casos sospechosos); después lo sustituyó por una gráfica con porcentajes que inducía a pensar que efectivamente la curva “se iba aplanando” (cuando claramente no era posible); hasta llegar al porcentaje de cambio diario de casos estimados, lo que impide ver no sólo el dramatismo de la curva, sino también le resta importancia al número de decesos.

Su siguiente paso fue responsabilizar de la información a los gobernadores de los estados, lo que ha vuelto lógica la reacción –incluso entre los gobernadores de su partido político–, de aversión. La carta enviada por nueve gobernadores a López Obrador, pidiendo la renuncia del científico, amén de la carga política contenida, es el reflejo del mal trabajo efectuado: no imagino hacer esa petición sobre alguien que no haya causado, lo menos, polémica. Al grado tal que tuvo que intervenir la secretaria de Gobernación para acordar nuevas normas con prácticamente toda la CONAGO.

Ante todo esto, el descuido continua; sólo una autoridad desatenta es capaz de no darse cuenta del dolor ocasionado por la forma en que esta pandemia ha sido manejada. A una autoridad que parece sólo haber sido capaz de protegerse políticamente no es posible pedirle identificación con el doliente, no es posible pedirle que se ponga en los zapatos de quien sufre porque sería sacarla de esa realidad que la autoridad se ha construido donde todo está muy bien.

“Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación”, dijo López-Gatell en una de sus conferencias. Así, la visión de la autoridad de un mundo feliz. Así de ajenos al dolor de los deudos de los más de 50 mil fallecidos con nombre y apellido que se ha llevado esta pandemia.

A menudo, el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en un mismo ataúd, escribía el poeta francés Lamartine. Un poco de empatía –después del desastre ocasionado–, no le vendría nada mal a ese otro corazón que termina por encerrarse.

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Otros Datos

Por Manuel Moreno Rebolledo

Fue la tarde del domingo 24 de mayo, en el salón biblioteca de los expresidentes en Palacio Nacional. Uno de los sermones que le estaba tomando por costumbre grabar los fines de semana para inmediatamente difundirlo por sus benditas redes. Con una hojita en la mano que –por lo que decía–, mostraba indicadores de empleo y de recaudación fiscal que aún nadie se explica de dónde sacó. Ahí lo soltó:

“Tan bien que íbamos… y se nos presenta lo de la pandemia”.

El día anterior había hablado de lo bien que íbamos en el manejo de la pandemia y de cómo ya se había logrado “aplanar la curva” y que ya todo indicaba que venía el descenso de los contagios y de las muertes. De entonces ahora, tanto los contagios como los fallecimientos se han cuadruplicado.

Dos momentos y dos declaraciones que pintan de cuerpo entero la percepción que este gobierno tiene de sí mismo porque, ni íbamos bien –el crecimiento del último trimestre de 2019 fue de 0.1%, lo que logró que, acumulado, el crecimiento anual fuera del o%, es decir, nada–; ni en el caso de la pandemia la curva se aplanó y bueno, es cosa de ver cómo llegamos hasta donde llegamos.

Hay varias formas de analizar qué pasa con el presidente de México; por el que votaron 30 millones de personas y quien ganara, justamente, por una abrumadora mayoría: 

A este presidente hay que analizarlo por su capacidad de mentir (o, cuando menos, por su capacidad de crear realidades alternas); por su capacidad de inmiscuirse o no en asuntos en los que se espera recoja la opinión de su gabinete experto en la materia (sí, como hace 50 años tampoco lo hiciera Luis Echeverría con los resultados que todos conocemos) y sólo con base en eso, tomar una decisión; y por la capacidad que tiene de generar confianza y con ello darle credibilidad a sus políticas económicas.

En el primer caso, es cuestión de ver qué nos prometió; ya no en campaña, sino siendo presidente: primero crecimientos espectaculares del 6% al terminar el sexenio –de hecho, en algún momento se consideró estandarte de aquellos crecimientos que iban de la mano de Antonio Ortiz Mena–; después nos dijo que su pronóstico –ojo, no es economista ni persona calificada para hacer este tipo de cálculos, aún así se atrevió–, para 2019 era del 2.6% de crecimiento anual; y ya finalmente, por ahí del mismo mes de mayo cuando nos dijo que “íbamos bien…”, que mejor estaba trabajando en un nuevo modelo que nos iba a permitir medir el crecimiento pero también el bienestar y la felicidad.

En el segundo caso, al igual que Echeverría se lo hiciera a Hugo B. Margain (quien le llevaba una reforma fiscal para medio componer el desastre financiero al que las políticas echeverristas estaban llevando al país), la renuncia de Carlos Urzúa abrió la mayor crisis de los primeros siete meses de gobierno de López Obrador y sometió a la economía de México a una incertidumbre de la cual no se ha recuperado. El golpe fue brutal, no sólo porque supuso la salida del responsable económico del Gobierno, sino por la forma en la que, en su momento, se hizo. Urzúa –aquí sí, a diferencia de Margain– presentó su dimisión con una rotunda carta en la que acusó a la Administración de tomar decisiones de políticas económicas sin sustento, en clara referencia a miembros del gabinete que, no sólo no son expertos sino que, por motivos estrictamente ideológicos, están más cerca del pensamiento de que la iniciativa privada es prescindible (al menos aquella no cercana a ellos –las adjudicaciones directas y los contratos a amigos de ciertos miembros del gabinete así lo van demostrando–), y que todo lo puede hacer el mismo gobierno con un sinfín de empresas (como lo hizo Echeverría) y cuya confirmación la estamos viendo ahora que se creará la distribuidora de medicamentos del gobierno mexicano –un monopolio más, ¿por qué no?–.

Y eso nos lleva en forma directa al tercer caso: la credibilidad.

De entrada, parece tener un problema con la palabra “empresa”. Parece traer siempre en mente empresas conformadas por socios millonarios (con un diamante en la nariz como los que dibujaba Abel Quezada), y se le olvidan las tiendas de abarrotes, el taller mecánico, la estética, el restaurante, la papelería de la colonia, esas que conforman el 96.4% de etcéteras, y que con muchas dificultades pagan impuestos, con muchas dificultades contratan personal y con más dificultades aún lo dan de alta ante el IMSS. Esas que no han recibido más que el 0.7% del PIB de apoyo, mientras que nuestros socios comerciales, han recibido el 10.5% (Estados Unidos) y 3.7% (Canadá –más un paquete de aplazamiento de obligaciones fiscales–).

El mismo presidente es quien se ha encargado de dinamitar cualquier posibilidad de confianza en la inversión: por una parte, de acuerdo con el reporte de Banxico, hubo un incremento de apenas 1.7% de las IED en el primer trimestre de 2020 (por supuesto que habrá que esperar el reporte del segundo trimestre) pero, por otro lado, nos reporta una emigración de capital de marzo a junio por 350 mil millones de pesos.

No hace falta ser un genio para darse cuenta por qué, al terminar 2020, habrá 10 millones más de pobres en México, que el decrecimiento será superior al 12% y que tomará (de acuerdo con analistas, estos sí, expertos), hasta diez años recuperarnos.

Decía Moliere: “Las personas no están jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias”. Así le pasó a Echeverría.

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