Para el periódico REFORMA
Aceptando, sin conceder, los datos de la empresa Integralia (que dirige Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE) respecto del supuesto valor de mercado de los spots en radio y TV que usan los partidos políticos, la solución es sencilla: que los concesionarios paguen derechos e impuestos por ese monto y los partidos no tengan spots gratuitos.
Dice la nota que, según los cálculos de Integralia, los partidos están recibiendo, este año, un subsidio de 15.8 miles de millones de pesos (mmp) por los spots en radio y TV, considerando solamente a 116 emisoras concesionadas del Valle de México y el DF. Es casi el triple de lo que reciben por financiamiento público para sus actividades ordinarias y de campaña. (El Financiero, 24/03/15).
Empecemos por aclarar que la reforma de 2007 no creó los llamados "tiempos de Estado" en radio y TV; sólo decidió cambiarlos de uso durante los procesos electorales.
Los 48 minutos diarios de que el Estado dispone en TV y radio provienen, por una parte de la Ley Federal en esa materia, que hace décadas estableció, a favor del gobierno federal, el pago en especie de una contraprestación, por el uso de un bien propiedad de la Nación, de 30 minutos diarios en cada canal y estación.
Los otros minutos provienen de un impuesto especial (IEPS), creado por decreto presidencial de 1968, aplicable a los concesionarios de TV y radio, pagadero en especie (Diario Oficial del 1/07/1969), es decir, con tiempo. En 2002, por el llamado decretazo, Vicente Fox decidió que el pago fuera de 18 minutos diarios. Así llegamos a los 48 minutos diarios de que dispone el Estado.
Si, como hace Ugalde, imputamos a los spots que usan los partidos el supuesto valor de mercado, habrá que hacerlo también con el tiempo que el Estado utiliza fuera de procesos electorales, que, siguiendo a Ugalde, equivale a 89.6 millones de spots por año, contra los 24.2 millones usados por los partidos del 10 de enero al 3 de junio de este año.
Si el libre mercado es el criterio, sugiero una alternativa: eliminar el pago en especie por derechos y IEPS a los concesionarios, para que los paguen en dinero, tomando como base el valor de mercado de los spots que podrían vender en los 48 minutos que hoy otorgan al Estado. Según mis cuentas -sigo las de Ugalde- eso le daría al erario, por año, por las 116 emisoras, más de 58 mil millones de pesos. No suena mal.
Quedarían dos problemas: qué hacer para que los partidos accedan a la TV y radio durante las campañas electorales, y determinar cuánto pueden gastar los entes públicos para difundir publicidad en esos medios.
Una opción es volver al modelo previo a la reforma de 2007, incrementando el financiamiento público para campañas, lo que, tomando las cifras de este año, implicaría un gasto adicional de 2.7 mmp.
Si toda la publicidad que difunden los Poderes de la Unión, y órganos autónomos, como el INE, en TV y radio, tiene que ser pagada, al ya no haber tiempos de Estado, pero habiendo ingresos al gobierno por derechos y IEPS a los concesionarios, habría recursos más que suficientes para sufragar el gasto, siempre y cuando los últimos no abusen en las tarifas y una ley racionalice la propaganda gubernamental en esos medios.
Otra vez se repite que hubo una "expropiación" a la TV y radio en beneficio de los partidos; otra vez habrá que explicar los motivos y razones de lo que se decidió en 2007. No hubo, ni hay, expropiación. Lo que se decidió, con resultados aún insatisfactorios, fue sacar de la competencia electoral el poder del dinero y de las televisoras; los boquetes en la ley, las conductas de concesionarios y partidos, así como la tolerancia o pasividad de las autoridades electorales, han impedido alcanzar ese objetivo.
Si los spots de partidos valen 15.8 mmp, en 116 emisoras, los del gobierno y otros entes públicos valen, en esas mismas emisoras, por año, 3.7 veces más; 58.4 mmp.
La reforma de 2014 agravó la espotización de las campañas, esa es la paja; la viga es el gasto, ese sí en efectivo, por la propaganda gubernamental.
Dice la nota que, según los cálculos de Integralia, los partidos están recibiendo, este año, un subsidio de 15.8 miles de millones de pesos (mmp) por los spots en radio y TV, considerando solamente a 116 emisoras concesionadas del Valle de México y el DF. Es casi el triple de lo que reciben por financiamiento público para sus actividades ordinarias y de campaña. (El Financiero, 24/03/15).
Empecemos por aclarar que la reforma de 2007 no creó los llamados "tiempos de Estado" en radio y TV; sólo decidió cambiarlos de uso durante los procesos electorales.
Los 48 minutos diarios de que el Estado dispone en TV y radio provienen, por una parte de la Ley Federal en esa materia, que hace décadas estableció, a favor del gobierno federal, el pago en especie de una contraprestación, por el uso de un bien propiedad de la Nación, de 30 minutos diarios en cada canal y estación.
Los otros minutos provienen de un impuesto especial (IEPS), creado por decreto presidencial de 1968, aplicable a los concesionarios de TV y radio, pagadero en especie (Diario Oficial del 1/07/1969), es decir, con tiempo. En 2002, por el llamado decretazo, Vicente Fox decidió que el pago fuera de 18 minutos diarios. Así llegamos a los 48 minutos diarios de que dispone el Estado.
Si, como hace Ugalde, imputamos a los spots que usan los partidos el supuesto valor de mercado, habrá que hacerlo también con el tiempo que el Estado utiliza fuera de procesos electorales, que, siguiendo a Ugalde, equivale a 89.6 millones de spots por año, contra los 24.2 millones usados por los partidos del 10 de enero al 3 de junio de este año.
Si el libre mercado es el criterio, sugiero una alternativa: eliminar el pago en especie por derechos y IEPS a los concesionarios, para que los paguen en dinero, tomando como base el valor de mercado de los spots que podrían vender en los 48 minutos que hoy otorgan al Estado. Según mis cuentas -sigo las de Ugalde- eso le daría al erario, por año, por las 116 emisoras, más de 58 mil millones de pesos. No suena mal.
Quedarían dos problemas: qué hacer para que los partidos accedan a la TV y radio durante las campañas electorales, y determinar cuánto pueden gastar los entes públicos para difundir publicidad en esos medios.
Una opción es volver al modelo previo a la reforma de 2007, incrementando el financiamiento público para campañas, lo que, tomando las cifras de este año, implicaría un gasto adicional de 2.7 mmp.
Si toda la publicidad que difunden los Poderes de la Unión, y órganos autónomos, como el INE, en TV y radio, tiene que ser pagada, al ya no haber tiempos de Estado, pero habiendo ingresos al gobierno por derechos y IEPS a los concesionarios, habría recursos más que suficientes para sufragar el gasto, siempre y cuando los últimos no abusen en las tarifas y una ley racionalice la propaganda gubernamental en esos medios.
Otra vez se repite que hubo una "expropiación" a la TV y radio en beneficio de los partidos; otra vez habrá que explicar los motivos y razones de lo que se decidió en 2007. No hubo, ni hay, expropiación. Lo que se decidió, con resultados aún insatisfactorios, fue sacar de la competencia electoral el poder del dinero y de las televisoras; los boquetes en la ley, las conductas de concesionarios y partidos, así como la tolerancia o pasividad de las autoridades electorales, han impedido alcanzar ese objetivo.
Si los spots de partidos valen 15.8 mmp, en 116 emisoras, los del gobierno y otros entes públicos valen, en esas mismas emisoras, por año, 3.7 veces más; 58.4 mmp.
La reforma de 2014 agravó la espotización de las campañas, esa es la paja; la viga es el gasto, ese sí en efectivo, por la propaganda gubernamental.
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