para el periódico REFORMA
29-marzo-2015
Desde 1997 hasta el 2015, el Partido Verde ha recibido 6,450 millones de pesos del erario público (precios del 2014). En promedio, cada año el Tucán se ha devorado 358 millones de pesos. Por los últimos 18 años, el Verde ha tenido ingresos diarios de 980 mil pesos. Supongamos que sus gastos operativos y de nómina representan el 70% de sus ingresos, esto deja una ganancia neta de 107 millones de pesos al año. Con estos márgenes de plusvalía el Partido Verde podría ser candidato para ingresar a la lista de las 500 empresas más grandes de México de la revista Expansión, con utilidades netas por encima de compañías como Samsung de México, Xerox o SuKarne. Mientras estas empresas generan prosperidad, empleos y pagan impuestos, el Partido Verde se alimenta del erario para ofrecer cargos públicos a las fuerzas básicas del Mirreynato.
El éxito electoral y financiero del Tucán se cimienta en un principio rector: México es un país donde no se respeta la ley. En un régimen de derecho, los operadores del Partido Verde tendrían que estar enfrentando acusaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, sólo por citar algunos de los delitos más evidentes. Sin embargo el Tucán, en coalición con el PRI, es el partido en el gobierno y la primera minoría en el Congreso. Su éxito político y su modelo de negocios dependen de esa complicidad entre autoridades y criminales que denominamos impunidad.
Después de un vergonzante y sospechoso alineamiento a los intereses del Tucán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha dejado las "amonestaciones verbales" para empezar a cobrar sanciones económicas. Hasta el momento van siete multas con un valor de 170 millones de pesos. El monto de la pena permite al Trife lavarse la cara ante la opinión pública, sin afectar en el mediano plazo el jugoso negocio de no cumplir la ley.
Con 6.4% de los votos en las elecciones federales de 2012, el Partido Verde recibirá, en 2015, 429 millones de pesos. La multa representa menos del 40% de los ingresos de un solo año. Gracias a las ventajas de sus campañas ilegales, las encuestas electorales indican que el Partido Verde recibirá cerca del 10% de la votación nacional. Con ese incremento de los sufragios, el costo de las sanciones se podrá pagar con las ganancias adicionales. Para 2016 o 2017, las multas quedarían saldadas y en 2018 el Tucán tendría los rendimientos financieros más grandes de su historia. No hay mejor negocio en México que saltarse las trancas con la cómplice bendición de la autoridad. La intensa precampaña del Partido Verde, donde el Tucán aparece desde los cines hasta en las tortillas, abre una serie de preguntas clave para la elección de 2015: ¿cómo se financió? ¿El dinero para pagar esta publicidad tiene un origen legal? ¿Los gastos de la propaganda tempranera rebasan los topes permitidos de campaña?
Esta semana, Roberto Newell afirmó que la ausencia de un Estado de derecho es el mayor problema económico de México. No sólo en la economía, también en la democracia, la ausencia de un régimen gobernado por la ley es el mayor desafío que tenemos enfrente. En la política mexicana, la falta de un Estado de derecho camina como Tucán, vuela como Tucán y tiene la talla, el peso y el pico del Tucán. Esta ave tropical es la mascota preferida de nuestra impunidad. Las autoridades electorales tienen una oportunidad histórica de hacer cumplir las leyes y devolverle algo de credibilidad a las instituciones de nuestra República. ¿No será el momento ideal de quitarle el registro de partido político a este animal empollado por el cinismo y la corrupción?
El éxito electoral y financiero del Tucán se cimienta en un principio rector: México es un país donde no se respeta la ley. En un régimen de derecho, los operadores del Partido Verde tendrían que estar enfrentando acusaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, sólo por citar algunos de los delitos más evidentes. Sin embargo el Tucán, en coalición con el PRI, es el partido en el gobierno y la primera minoría en el Congreso. Su éxito político y su modelo de negocios dependen de esa complicidad entre autoridades y criminales que denominamos impunidad.
Después de un vergonzante y sospechoso alineamiento a los intereses del Tucán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha dejado las "amonestaciones verbales" para empezar a cobrar sanciones económicas. Hasta el momento van siete multas con un valor de 170 millones de pesos. El monto de la pena permite al Trife lavarse la cara ante la opinión pública, sin afectar en el mediano plazo el jugoso negocio de no cumplir la ley.
Con 6.4% de los votos en las elecciones federales de 2012, el Partido Verde recibirá, en 2015, 429 millones de pesos. La multa representa menos del 40% de los ingresos de un solo año. Gracias a las ventajas de sus campañas ilegales, las encuestas electorales indican que el Partido Verde recibirá cerca del 10% de la votación nacional. Con ese incremento de los sufragios, el costo de las sanciones se podrá pagar con las ganancias adicionales. Para 2016 o 2017, las multas quedarían saldadas y en 2018 el Tucán tendría los rendimientos financieros más grandes de su historia. No hay mejor negocio en México que saltarse las trancas con la cómplice bendición de la autoridad. La intensa precampaña del Partido Verde, donde el Tucán aparece desde los cines hasta en las tortillas, abre una serie de preguntas clave para la elección de 2015: ¿cómo se financió? ¿El dinero para pagar esta publicidad tiene un origen legal? ¿Los gastos de la propaganda tempranera rebasan los topes permitidos de campaña?
Esta semana, Roberto Newell afirmó que la ausencia de un Estado de derecho es el mayor problema económico de México. No sólo en la economía, también en la democracia, la ausencia de un régimen gobernado por la ley es el mayor desafío que tenemos enfrente. En la política mexicana, la falta de un Estado de derecho camina como Tucán, vuela como Tucán y tiene la talla, el peso y el pico del Tucán. Esta ave tropical es la mascota preferida de nuestra impunidad. Las autoridades electorales tienen una oportunidad histórica de hacer cumplir las leyes y devolverle algo de credibilidad a las instituciones de nuestra República. ¿No será el momento ideal de quitarle el registro de partido político a este animal empollado por el cinismo y la corrupción?
