Basados en lo que podría llamarse un gran desacuerdo político entre demócratas y republicanos (pasando por la necedad del Tea Party) por aumentar el techo de la deuda pública de Estados Unidos, el pasado 5 de agosto la calificadora Standard & Poor’s degradó la nota de esta deuda de “AAA” a “AA+”, lo que ha traído como consecuencia un continuo desequilibrio en los mercados de todo el mundo.
Muchos especialistas, entre ellos el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, han manifestado que la medida de esta calificadora ha sido no sólo equivocada, sino que ha rayado en lo arrogante.
Al filo de la navaja
¿Por qué ha hecho esto Standard & Poor’s (S&P)?
Oficialmente, esta baja refleja la opinión de la calificadora por la posibilidad de que el gobierno estadounidense interfiera en la capacidad de los emisores de los sectores público y privado, al adquirir las divisas necesarias para el pago del servicio de deuda, aduciendo además que el prolongado debate sobre el aumento al techo de endeudamiento, con su correspondiente debate sobre la política fiscal de Estados Unidos, hace poco probable que este país logre avances adicionales en el corto plazo para contener el gasto público, principalmente en lo concerniente a los beneficios de seguridad social o a alcanzar un acuerdo sobre el incremento de los ingresos vía impuestos.
No sólo eso, sino que advierte que la perspectiva de calificación a largo plazo es negativa dado que, de seguir aumentando la deuda pública, podría darse el caso de bajar nuevamente la calificación o que, en el mejor de los escenarios, Estados Unidos tardará cuando menos nueve años en recuperar su calificación triple A.
La controversia
Lo que S&P hace difundiendo su calificación, tiene puntos de similitud (que no de identidad), con lo ocurrido en 2009 cuando el ex secretario de la Reserva Federal, Alan Greenspan dejó ver una filtración de información comprobable sobre algunas prácticas muy poco éticas de agencias especializadas en IPR (Investor Public Relations). Recordemos que estas agencias son un área especializada de las Relaciones Públicas que tienen como propósito aumentar el valor de las acciones de una empresa emisora y reducir sus costos de capital incrementando la confianza de los inversionistas y accionistas.
La semejanza radica, en este caso, en el golpe mediático buscado y, desde luego, conseguido. En una demostración de poder en donde una calificadora no sólo pone en riesgo a la principal potencia económica mundial sino que, de paso, pone a bailar al mundo al son que quiere tocar.
El asunto, sin embargo, se torna un tanto escabroso –a decir de una gran parte de expertos entrevistados en diferentes medios–, debido a que, dicen, se trata de un golpe desesperado por ganar credibilidad, dado que la reputación de S&P se ha venido deteriorando año tras año entre los grandes inversionistas, debido a las perspectivas emitidas por esta calificadora desde 2006 a la fecha, las cuales no han tenido, ni con mucho, una visión acertada de las diferentes realidades económicas de los países a quienes han calificado.
No es la primera vez, dicen los expertos, que S&P califica los procesos políticos de un país más que las condiciones de su economía.
¿Esto implica una recesión?
Si nos vamos a una definición exacta de lo que es la recesión –que dice que es un periodo mayor a doce meses en que el Producto Interno Bruto es negativo (el “catarrito” en México fue un ejemplo de economía recesiva)–, la preocupación se desvanece al menos en el corto plazo.
La mayoría de consultoras macroeconómicas en México dan para nuestro país, pese a la calificación de S&P a Estados Unidos como país y a sabiendas de lo que nuestra economía depende de la del norte, un crecimiento de entre 3.5 y 4%; y lejos de hacerlo por nacionalismo u optimismo desmedido, lo hacen porque están viendo que, al menos en nuestro país, hay buen manejo de reservas, gasto público controlado (pese a todo) y, lo más importante, confianza en el inversionista.
De confirmarse que una calificadora –entre otras que ya lo han hecho– está jugando el peligrosísimo juego de reposicionarse con golpes mediáticos (y financieramente devastadores) o tomando partido en la lucha política por la definición económica de un gobierno o por la continuidad del mismo, estaríamos de nuevo, y con más elementos, frente al viejo debate de la autoridad moral de las calificadoras y de buscar, con más denuedo, quién las calificará a ellas de ahora en adelante.
