Semejanzas

Por Manuel Moreno Rebolledo

Por muchos años, nos acostumbramos en México a observar figuras políticas –algunos de ellos comenzaban el periodo como legisladores–, que iban avanzando en la preferencia del gran elector para formar parte de su gabinete y luego sucederlo.

Esa costumbre termina en el año 2000 cuando el presidente Zedillo deja de intervenir desde y con recursos del gobierno en favor del candidato de su partido (el PRI), Francisco Labastida, y deja la votación al libre mercado electoral para darle el triunfo al candidato del PAN Vicente Fox. Con Vicente Fox tuvimos las primeras señales de cómo operaba el nuevo mercado electoral mexicano.

A partir de ahí, la observación –a veces muy de cerca, a veces no tanto–, que hemos hecho del comportamiento de las figuras públicas cambió con respecto al que veníamos haciendo por décadas. Se volvió un ejercicio de análisis que, dada la notoria inexperiencia administrativa de los nuevos jugadores, tuvo que prescindir de la vigilancia en el desempeño previo (ya sólo se adivina) y dio paso a la inspección del día a día.

Antes, los elementos de análisis nos permitían elaborar hipótesis de desempeños futuros; hoy, el futuro al que nos someten los funcionarios públicos con su desempeño es cada vez más incierto.

Supongo que eso también comenzó a suceder en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder. Supongo también que ese funcionamiento del día a día –más basado en las ocurrencias que en la costumbre de circunscribirse a un plan (en ambos lados de la frontera)–, hizo que nuestra prensa se volviera tan aguda como la norteamericana, que ya nos lleva tanto tiempo de ventaja en eso.

Muchas veces se ha caído en la falacia de aseverar que la prensa es sólo el reflejo de las sociedades que las acunan. Nada más lejos de una realidad cuando las sociedades son pobres, con carencias y, sobre todo, tan poco ilustradas como la nuestra. La prensa de cualquier país –y régimen–, siempre será el reflejo de sus clases medias. Incluso Pravda –el viejo órgano oficial del PCUS en la extinta Unión Soviética–, respondía al sentir de ese porcentaje de la alta burocracia del Kremlin. No a sus bases, pero tampoco exclusivamente a sus líderes. Lo mismo sucede con Granma e incluso con el Diario del Pueblo.

El pasado viernes 30, Donald Trump respondió a un cuestionario enviado por El Universal donde tocó temas concernientes a ambos países, no obstante estar en campaña para su reelección. En dicha entrevista, Trump presumió su amistad con López Obrador “nos agradamos y respetamos, nadie lo esperaba”, resume.

También destacó en sus respuestas que hay algo que –a su parecer– los une: “Quiero hacer grande a Estados Unidos otra vez y el presidente López Obrador quiere hacer grande a México de nuevo”. Más allá de lo que esto signifique en hacerle más empinado el camino a las relaciones México-Estados Unidos en caso de que ganen los demócratas (eso sería motivo de otro análisis), y que sabríamos a finales de la primera semana de noviembre, si bien nos va, el tema es que ninguno de los presidentes ha conseguido para su país esa grandeza que, al menos en intenciones, dicen tener semejanza.

Similitudes hay muchas: el enfrentamiento que ambos mandatarios han hecho a la pandemia y que tiene a los dos países con las cifras de defunciones y contagios que actualmente tienen, no revela otra cosa que una serie de acciones poco científicas e irresponsables tanto en la Casa Blanca como en Palacio Nacional.

Esas semejanzas también se ven reflejadas en el desdén que ambos presidentes han mostrado por las energías limpias y por el desprecio a sus respectivas comunidades científicas. Donald Trump dejó el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático negando prácticamente su existencia y diciendo –literalmente– que se trata de un cuento chino. De este lado, vemos cómo se han dejado de respetar los acuerdos (recién firmados en el T-MEC), donde se deben impulsar las inversiones para conseguir más y mejores energías limpias en lo que se ha convertido en la primera gran necedad de este gobierno: devolverle la productividad a Pemex al costo que sea y haciéndolo sin el apoyo privado. Otro reflejo del desprecio por la comunidad científica, se hizo evidente con la supresión de todos lo fideicomisos (incluso aquellos que daban completo sentido al Conacyt), relativos a ciencia y tecnología.

Ambos presidentes parecen provenir de una era muy remota.

Pero donde más se parecen (y donde quizá hasta se escriban para consolarse mutuamente), es en la victimización que se hacen de la prensa. Ambos se han quejado, en reiteradas ocasiones, de ser el blanco favorito de sus respectivos periodistas; ambos han querido ver una conspiración mediática en su contra y ambos se han puesto, ante sus electores, como los presidentes más atacados de la historia de sus respectivos países.

Uno se ha comparado con Lincoln, el otro con Juárez. Ambos se han visto a sí mismos como la encarnación de sus respectivos pueblos.

De lo que sí no son culpables es de que hayan sido elegidos presidentes. Esa culpa, completa, es de quien les creyó el cuento de que vendrían a corregirlo todo, a acabar con las injusticias y a hacer a sus países grandes de nuevo. No teníamos, como antes con los demás actores políticos, antecedentes de desempeño público, pero sí lo teníamos de sus personalidades megalómanas. Eso debió dar un aviso. 

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El Presidente en su Laberinto

 Por Manuel Moreno Rebolledo

El dramaturgo rumano Eugène Ionesco fue, quizá junto con Samuel Beckett, el padre de un género dramático llamado Teatro del Absurdo, cuyas tramas aparentemente carecen de significado. Con fuertes rasgos existenciales, se cuestiona al ser humano a través del sentido del humor (aparente, también) pues lo que se pretende es resaltar el drama en un marco de incoherencias y falta de lógica. Sirva lo anterior como marco introductorio:

PRIMER ACTO: GENERAL, YA NO OPINE

Era el día 34 de las campañas electorales para la Presidencia de la República y se conmemoraba el aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón. Salvador Cienfuegos, como secretario de Defensa en funciones, dio un discurso llamando a no dividir a los mexicanos, en un claro mensaje al candidato de Morena, diciendo que aquellos que aspiraran a dirigir este país, deberían seguir su ejemplo de unificación. López Obrador, aprovechó un acto de campaña para contestarle: “Yo le pediría al general, respetuosamente, que ya no opine”.

Hasta ese momento de su campaña –incluso ya casi al cierre–, se advertía en el discurso del entonces candidato López Obrador, un alejamiento de las Fuerzas Armadas del país, bajo la consigna de regresarlas a los cuarteles. Nadie imaginaba entonces –probablemente ni siquiera él–, que estas instituciones serían utilizadas para co-administrar el gobierno, siendo su principal socio con el grave riesgo que conlleva ponerlos a administrar aduanas, puertos, construir y gerenciar aeropuertos, trenes, construir caminos y hacerlos banqueros del Bienestar.

SEGUNDO ACTO: LA PRUEBA INEQUÍVOCA DE LA DESCOMPOSICIÓN DEL RÉGIMEN

Confundido, buscando palabras para no quedar como el marido engañado (siempre el último en enterarse), titubeante más de lo habitual, alcanzó a decir “lamentable, nunca nos informaron nada, no nos consultaron”. Sin embargo al final se contradijo (supongo que no sabía si revelarlo o no) “yo ya sabía porque hace unos 15 días la embajadora Bárcena me comentó que a su vez había escuchado sobre una indagatoria que involucraba al exsecretario de la Defensa, bueno pero a mí no me dijeron nada oficialmente, de gobierno a gobierno […] Cienfuegos es la prueba inequívoca de la descomposición del régimen; no podemos hablar de un narco-Estado, pero sí de un narco-gobierno”. 

Fue lo primero que atinó a decir. Quizá pensando que por qué tenía que haber sucedido justo en el aniversario de la liberación –ordenada por él–, de Ovidio Guzmán. El instinto fue el que probablemente lo ayudó a corregir refrendando la confianza en los actuales secretarios de Defensa y Marina “son incorruptibles”, dijo, intentando salvar también con su discurso a las fuerzas armadas a las que, no queriendo, las había embarrado en su acusación diaria a los neoliberales.

El caso de Salvador Cienfuegos lo había sacado de su zona de confort y no quería que lo notaran ¿cómo hacerle? “Todos los que resulten involucrados en el caso van a ser retirados, suspendidos, si es el caso puesto a disposición de la Fiscalía”. No paraba de hablar aunque nuevamente se estaba llevando entre las patas a una estructura militar cada vez más confundida con su comandante supremo.

TERCER ACTO: EL ÚNICO VOCERO DEL CASO CIENFUEGOS, SOY YO

Ha perdido el control del tema. No es lo mismo amedrentar e insultar a sus críticos que manejar públicamente la decisión de otro gobierno sobre su gobierno –aunque fuera la detención de un presunto delincuente al que él ya había condenado y con esa condena había descompuesto un poco (hasta lo que se ve), su relación con los altos mandos de las fuerzas armadas, esas a las que había consentido tanto y ahora había embarrado con su discurso anticorrupción–. 

¿Qué haría? ¿Se atrevería a insinuar que gracias a su gobierno estuvieran cayendo “peces gordos”, como ya se lo había sugerido Jesús? No. Era demasiado atrevido; además sus incondicionales ya lo daban por hecho, no era necesario repetirlo. Mejor hacer lo que mejor sabía hacer: tomar el micrófono y culpar a alguien.

“De ahora en adelante, el único vocero sobre el caso Cienfuegos seré yo; ni el canciller, ni el secretario de Seguridad, ni los mandos del ejército; sólo yo transmitiré información”. ¿Quién era el culpable? Pues la DEA: hacían lo que querían como lo hacían también Cienfuegos y García Luna –¿cómo se le ocurrió relacionarlos?–. Entraban y salían del país como se les daba la gana “ellos deberían informar sobre todos esos casos en México, seguro ellos convivían con García Luna y con el anterior secretario”.

Estaba confundido. Aunque ya tenía el micrófono y al nuevo culpable, no se sentía cómodo. Como si su pequeño auditorio –ese que lo acompaña ahora todos los días con preguntas aduladoras–, notara su ignorancia, el no saber qué decir ante un problema del que conocía tan poco. Estaba tan atribulado que incluso llegó –supongo que arrepentido–, a defender a García Luna y a Salvador Cienfuegos –eran víctimas de la DEA–; aunque después de ese lapsus se desdijo.

Estaba hecho bolas, más enredado que cuando tiene que explicar algún asunto económico o jurídico. No es lo suyo. Lo suyo es estar en campaña predicando como viejo maestro rural. Tenía hasta la compostura para parecerlo; no para meterse en un berenjenal como este cuando además, su gran amigo de la Casa Blanca, se iba y lo abandonaría a su suerte. Otro problema que se le viene. Otro problema que no sabrá manejar.

Si Cienfuegos pudiera revirarle lo dicho por López Obrador aquel día, seguramente le diría: “Yo le pediría al presidente, respetuosamente, que ya no opine”.

Gracias a Ionesco por la idea. Parece que esta tragicomedia tendrá bastante más futuro del esperado ya que, según sus propias palaras, “nadie es dueño de la multitud aunque crea tenerla dominada”, a final de cuentas, estimados lectores, nadie necesita juzgar la actitud del presidente: baste con decir que quien prefiere hablar del pasado para ocultar tan terrible presente, difícilmente tendrá un futuro.

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El Nuevo, el Malo y el Feo

Por Manuel Moreno Rebolledo

El escritor suizo Henri-Frédéric Amiel, fue en vida un pesimista irredento. Muy probablemente por el drama de su infancia. No obstante, de la escritura en su diario –que él mismo llamaba “la Farmacia del Alma”–, se sacarían algunos conceptos sobre política que dicen mucho. Uno de ellos, particularmente, señalaba que sin negar los hechos de la democracia, no se hacía ilusiones respecto al uso que se hacía de esos derechos cuando escaseaba la sabiduría y abundaba la bajeza.

La esencia de la democracia es, en principio, la pluralidad de voces, lo que haría suponer que la creación de nuevas instituciones políticas dentro del universo democrático de México, sería bueno. Desafortunadamente no es así. Sabemos muy bien cómo y para qué han sido utilizados los partidos políticos en nuestro país por quienes promueven su creación o, de plano, se convierten en sus dueños. Ejemplos sobran: el Partido Verde, el PT… tal como en su época lo fueron el PARM y el PPS (aunque sus fundaciones hayan sido muy diferentes, la realidad los acabó ubicando en la función que tendrían que desempeñar como parte de este sistema político).

El pasado miércoles 14 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por una votación que se dividió a cuatro contra tres, que la agrupación del matrimonio Calderón/Zavala se quedará sólo en agrupación y no como partido político.

En una sesión que se prolongó por poco más de seis horas, respaldaron la decisión que había tomado el INE con respecto a la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, exactamente por los mismos motivos. En su proyecto, el magistrado José Luis Vargas defendió la propuesta a partir de que dicha asociación recibió de personas no identificadas aportaciones, tanto en efectivo como en especie, por casi $1.2 millones de pesos. El magistrado Vargas dijo que “no se puede permitir el incumplimiento de obligaciones en materia de rendición de cuentas bajo afirmaciones de que es la autoridad, en este caso electoral, la que tiene la obligación de investigar”.

No estuvo mal. Siempre es de celebrarse que se cumpla la ley hasta en el mínimo detalle. 

Sin embargo, a la hora de revisar a quiénes sí dejó pasar el máximo órgano jurídico electoral, vemos que la medición no fue hecha con la misma vara: Redes Sociales Progresistas, de la profesora Elba Esther Gordillo; Fuerza Social por México, del líder obrero Pedro Haces Barba –así son sus apellidos–; y la resucitación de lo que fue el Partido Encuentro Social (ahora Encuentro Solidario), perteneciente a la red de pastores evangelistas cercanos a la Presidencia de la República, obtuvieron su registro porque el Tribunal discrepó de las recomendaciones hechas por el INE, donde se señalaba que cada uno de ellos violaba la Ley Electoral en diferentes formas.

En los casos tanto de Redes Sociales Progresistas como de Fuerza Social por México, el INE consideró que había suficientes elementos para acreditar intervención gremial en la conformación de sus asambleas; en este último se demostró que algunos agremiados de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) –que Haces quiere convertir en la nueva CTM al servicio de López Obrador–, tenían puestos y ayudaron en aportaciones, y donde también se aplicó el criterio de fondos no acreditables (como en el caso de México Libre), mismos que excedían el 20% previsto por ley.

También, para los magistrados del TEPJF, el caso de Encuentro Social (hoy Solidario), no tuvo problemas constitucionales –ya no digamos electorales–, de laicidad, no obstante que ya no es un secreto para nadie que Hugo Flores Cervantes, además de ser delegado de la 4T en Morelos, ha pertenecido y pertenece a congregaciones como La Casa de la Roca que –ironías de la vida–, dio en 2006 su apoyo a Felipe Calderón, y que no se deslinda de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice).

Flores Cervantes, de origen priísta (llegó hasta la subsecretaría del CEN del PRI), rompió con el tricolor para enrolarse en la administración de Felipe Calderón como oficial mayor de la Semarnat, de donde se fue por conflictos con el secretario en turno y, cuando rompe con el PAN, entra al PRD para trabajar en el gobierno del entonces D.F. como director general de Gobierno de la Secretaría local del ramo, entre 2010 y 2012.

El caso de Redes Sociales Progresistas, que dirige Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, es también muy particular. De acuerdo con lo que ya había acreditado el INE, este partido sólo contaba con tres asambleas válidas, resultado de varias irregularidades, así como haber sido detectadas muchas aportaciones de distintos agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El 86% de quienes encabezaron asambleas constitutivas y el 66% de quienes afiliaron militantes son de dicho sindicato. Pero el Tribunal no lo vio (o no lo quiso ver).

Estos tres partidos (el nuevo, el malo y el feo), servirán –no está de más decirlo–, para construir mayorías con el partido en el gobierno al momento de apurar leyes que así convengan a los propósitos del presidente. Propósitos hasta los más indecibles.

Quizá por eso Lamartine decía que las democracias observan más cuidadosamente las manos que las mentes de quienes las gobiernan. 

Mientras, seguimos sin oír ni pío.

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La Nueva Opacidad

 Por Manuel Moreno Rebolledo

El presidente de la República dio la instrucción. Al no encontrar más recursos de los cuales echar mano para sus programas sociales, para contrarrestar la pandemia de Covid-19, y para algo más que aún no sabemos (y probablemente no sabremos como las campañas de Morena en 2021), los fideicomisos que daban sustentabilidad a los programas científicos, culturales y de asistencia más importantes del país –entre otros–, no existen más.

La gestión de su desaparición estuvo a cargo de Mario Delgado, líder de la bancada del partido en el gobierno quien, además, está buscando por medio de una encuesta, ser electo el nuevo presidente de Morena, lo que implicaría que como parte importante de su trabajo sería el de quedar bien con el presidente, no necesariamente con sus electores.

El razonamiento presidencial –como con todo– fue que los fideicomisos eran administrados en forma poco transparente, lo que acusaba un caso generalizado de corrupción.

Vayamos por partes. Los fideicomisos son contratos entre la administración pública y diferentes instituciones financieras para propósitos específicos, con recursos que pueden venir de diferentes lugares (el mismo gobierno, recursos autogenerados, fondos privados, etc.) y estos contratos salvaguardan el objetivo que parece no entender la 4T, que es asegurarse que los recursos estén disponibles en el tiempo y lugar en que sean requeridos, independientemente de la coyuntura económica. Por poner un ejemplo: la ayuda a pacientes con cáncer se hace llegar independientemente de que haya o no una crisis económica.

Los fideicomisos funcionan básicamente por tres razones: la primera, permiten conseguir los fines para los que existen sin depender de la normatividad gubernamental en materia de adquisiciones (siguiendo con el ejemplo anterior, si se requiere comprar un tanque de oxígeno en forma urgente, se hace); segunda, porque le permiten al gobierno la coparticipación privada en el suministro de recursos; y tercera, porque apoyan al Estado con el copatrocinio de actividades que podrían ser de su exclusividad.

Sobre su opacidad –que fue el pretexto socorrido–, la actual normatividad de los fideicomisos los hace organismos mucho más transparentes que, incluso, algunas dependencias de la administración pública federal actual, me explico.

Hasta antes de su desaparición, esta reglamentación implicaba que ya no hubiera secreto fiduciario, es decir, que ya se podía saber con entera precisión de dónde provenían los recursos y a cuánto ascendían; también, que eran sujetos de la ley de transparencia, es decir, se podía consultar a qué se destinaba cada peso que gastaban; también eran sujetos auditables, tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación; y que, gobernados por Comités Técnicos con representantes de este gobierno, reportaban trimestralmente ante Hacienda y el Congreso, tanto sus ingresos como sus gastos. La diferencia con algunas dependencias del gobierno, por ejemplo, es que en esta administración de cada diez pesos, cuatro se gastan en adjudicaciones directas, según advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad, siendo quien más ejecuta esta práctica, la encargada del sector energético de este país y que, curiosamente, fue la administradora de los dineros de la campaña política que llevó a López Obrador a la presidencia.

Los recursos de los fideicomisos desaparecidos, en su conjunto, suman 68 mil 478 millones de pesos de los cuales no se tiene identificado aún qué cantidad es del gobierno, cuánto corresponde a recursos autogenerados y cuánto a donaciones o patrocinios privados. Se desconoce, además, cuánto de esos recursos está ya comprometido por contratos multianuales y cuánto finalmente queda. Eso no le importó al presdiente.

López Obrador, seguramente con el desconocimiento de causa que lo caracteriza, actuó a rajatabla cancelando la operatividad y el destino de los fideicomisos con el objeto de hacerse llegar recursos adicionales. Resulta por demás curioso que esta misma semana, el Ejecutivo anunciara también un acuerdo con un grupo de empresarios nacionales que invertirán en 39 obras de infraestructura (energía, comunicaciones y transportes, agua potable, saneamiento, medio ambiente y turismo), equivalentes a 297 mil millones de pesos. Curioso porque, de ser así, no tendría que utilizar los casi 68.5 mil millones de los fideicomisos a no ser que el destino de estos recursos fuera otro, sobre todo en momentos en que la inversión extranjera directa se ha contraído en forma muy severa.

Lo irónico es que esos recursos –que el pretexto indica que provienen de entidades poco transparentes–, serán suministrados discrecionalmente por el propio presidente quien, paradójicamente, no tiene sobre sí un organismo u oficina que controle esa discrecionalidad y, mucho menos, lo vigile. López Obrador seguramente está proyectando la etapa de cuando le daba “su domingo” a sus hijos dependiendo de cómo se comportaran. Un indicador del populismo es justamente ese: hacer actuar al gobernante como un padre de familia.

A final de cuentas, lo importante es que López Obrador se ha hecho de una cantidad bárbara de dinero que él mismo manejará. Lo hizo a la vista de todos y con el apoyo de sus diputados en el Congreso. La diferencia entre él y los anteriores gobernantes es que estos últimos eran, cuando menos, más discretos.

A la postre –decía Ortega y Gasset–, el engaño resulta ser un humilde parásito de la ingenuidad.

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No se Olvidará

por Manuel Moreno Rebolledo

Siendo presidente de la Radio Free Europe, una organización de radio auspiciada por el gobierno de Estados Unidos en épocas de la Guerra Fría para transmitir servicios informativos por onda corta a los países de Europa del Este, y en una de sus elocuentes participaciones, James L. Buckley alertó sobre lo que la gente no advierte en la política porque –decía– lo que la gente tarda en notar (si alguna vez lo hace), es que el instrumento de corrupción en la política no es el dinero, sino los votos. Parece, decía, que el tener más votos diera derecho a cometer ilícitos. Más tarde en su carrera se volvió juez federal propuesto por el presidente Ronald Reagan (1985), posición desde donde se opuso, en más de una ocasión a iniciativas del mismo Reagan, aduciendo siempre la independencia que tiene el Poder Judicial de los otros poderes de gobierno.

Esa muestra de independencia férrea, de incorruptibilidad es la que se espera en todo momento de los ministros que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desafortunadamente, en nuestro caso, no sucede. 

El pasado jueves 1º de octubre, la Corte falló en contra de un primer proyecto de inconstitucionalidad a la consulta popular propuesta por el presidente de la República para juzgar a todos los expresidentes –de Carlos Salinas a Peña Nieto (no hay otro vivo a excepción de Luis Echeverría, que no fue mencionado)–, para investigar y sancionar sobre su eventual comisión de delitos. 

Los magistrados Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; José Luis González Alcántara Carrancá; Ana Margarita Ríos Farjat; Yasmín Esquivel Mossa y Alberto Pérez Dayán, junto con el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, fueron quienes impusieron la mayoría de 6 a 5 para que la consulta se declarara constitucional, enviando al Senado un cambio sobre la pregunta hecha por López Obrador, quedando: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Esta pregunta, vagamente propone que los expresidentes le expliquen a la nación (o esclarezcan), las decisiones políticas que tomaron, dejando de lado las posibles repercusiones que en materia de seguridad nacional, cuando menos, les pudieron haber orillado a la toma de determinadas decisiones.

No es un secreto que los jueces que componen la el Pleno de la Corte sientan apego por el presidente que los nominó en una terna ante el Senado, de la cual resultaran electos. Es el caso de las ministras Ríos Farjat y Esquivel Mossa con López Obrador al igual que el presidente, Zaldívar Lelo de Larrea; así como Gutiérrez Ortiz Mena y Pérez Dayán con Peña Nieto, por ejemplo.

La sumisión al Poder Ejecutivo que mostraron estos jueces podría tener, de menos, un par de explicaciones. La primera deja bastante escozor pues presume –hipotéticamente–, que López Obrador a través de Zaldívar (su incondicional), amagó a los cinco jueces restantes sobre la posibilidad de tener información comprometedora en su poder –en poder del Ejecutivo–. Esta hipótesis se basa en el hecho de que al antiguo CISEN sólo le cambiaron las siglas por CNI (Centro Nacional de Inteligencia), pasándolo de reportar en la SEGOB a hacerlo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Alfonso Durazo, cuando quien la controla en forma directa es el propio presidente de la República. Todos saben el tamaño de su cola, pero no le dan importancia hasta que saben que alguien más se las está midiendo.

La segunda hipótesis, dice que los tres más apegados a López Obrador cabildearon con los demás para darle al presidente la consulta popular que tanto quería; es decir, sólo por cumplirle el capricho, para quedar bien y contener a priori la andanada de seguras criticas a la Corte inducidas por el presidente, dedicándose a redactar los suficientes cambios en la pregunta original, como para hacerla lo menos agresiva y comprometedora posible. Con ello, le podrían dar gusto al presidente sin comprometer su cercanía, le darían también un respiro a la Corte de someterse a la agresión política del Ejecutivo y sus ansiosos seguidores y le quitarían la palabra ‘delito’ a lo que quedaría posiblemente en ‘error político’ a juicio de nadie sabe hasta ahora quién.

En ninguno de los dos casos, los jueces estarían actuando conforme a lo que indican sus funciones que es defender y vigilar los medios de control constitucional, entre los que se encuentra la determinación sobre la materia de las consultas populares. Resulta muy extraño que la mayoría de los expertos constitucionalistas consultados por los diferentes medios, como Francisco Burgoa, Octavio Pérez Paz, Alberto Woolrich y Pedro Salazar –este último director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM–, entre muchos otros, declaraban la consulta como inconstitucional, tal y como fue presentada al Pleno por el ministro Luis María Aguilar.

Es decir que, ya sea por miedo o por adulación, este fallo de la Corte será recordado por mucho tiempo y quedará archivado en nuestra memoria como el intento de hacernos regresar a aquellos tiempos en los que los tres poderes no eran más que damas de compañía del Ejecutivo y López Obrador será recordado también como el personaje que logró reunir los peores vicios de esos homólogos suyos que casi destruyen el país: el autoritarismo de Díaz Ordaz, el perjuicio sin brújula de Luis Echeverría y la torpeza supina de López Portillo. El actual presidente tiene, sin duda, tendencias imperiales.

Cuatro características corresponden al juez –decía Sócrates–: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.

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El Derecho a Expresarse

 Por Manuel Moreno Rebolledo

El artículo 19 de la declaración de los Derechos Humanos aprobado por la Organización de Naciones Unidas la cual, por cierto, cumplió esta semana 75 años, contempla que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Esta libertad, es un elemento imprescindible de toda democracia para que pueda existir el debate y el libre intercambio de ideas.

No tuvo ni 48 horas de ver la luz el desplegado que 650 académicos, intelectuales, periodistas, científicos y políticos destinaron a la opinión pública acusando a la autoridad de este país de excesos que hacen peligrar la libertad de expresión en México cuando, desde la misma autoridad –esta vez a través del brazo ejecutor del director del Instituto de Formación y Capacitación Política de Morena (el caricaturista de La Jornada Rafael Barajas, mejor conocido como El Fisgón)–, se publicó un desmentido a los “privatizadores de la palabra”, diciendo, en resumen, que la sola difusión de dicho desplegado desmentía que hubiera censura y que, de lo que se trataba, era de la revisión general de los “vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas que fueron distintivo del régimen anterior”.

Rafael Barajas no es nuevo en esto. Yo tampoco.

Ambos sabemos que en todas las épocas ha habido excesos en contra de la libertad de expresión. Ambos sabemos que a algunos medios se les beneficiaba más que a otros (la mayoría de las veces, justificado por el número de televidentes/lectores que dichos medios llegaban a tener). Ambos sabemos que, a un par de años de que acabara el sexenio de Peña Nieto –tan golpeado por La Jornada–, este medio estaba a punto de la bancarrota. Ambos sabemos que el gobierno les dio dinero para que, al final, ello no sucediera. Ambos sabemos que el día de hoy, La Jornada es el medio (no electrónico) que más dinero recibe del gobierno por publicidad gubernamental, sin que su impacto en número de lectores haya aumentado en lo más mínimo. Hasta aquí la ubicación a quien sólo sabe responder al ojo del amo.

Edmund Burke (creador del término ‘Cuarto Poder’ para referirse a la prensa), decía que esta era ya un poder independiente a los otros tres (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), porque no se limitaba a reflejar la opinión pública en la que toda democracia debe estar fundamentada, sino que, al valorar por sí misma (y acomodar en ese orden de valoración en los diarios) cuál es la información más importante que el público debe leer y además opinar sobre esta información, estaba influyendo en forma determinante en el pensamiento y decisión de la población lectora. 

Eso lo hacen La Jornada, Reforma, El Universal y el medio que Usted me diga, favorables o no a la administración en turno –como me decía un antiguo jefe, “el rating los juzgará”–. Ahora ya también lo hacen aquellos que, teniendo un gran cúmulo de seguidores en sus redes sociales, opinan y comentan sobre cualquier tema (algunos llevando una agenda de temas personalísima, otros –no obstante–, llevando la agenda de otro). En cualquier caso, ninguno merece ser limitado ni en el contenido ni en el tono de sus mensajes. La única figura que debe limitarse –por principios éticos, ni siquiera por cuestiones de limitación ciudadana–, es la autoridad. De ella se espera un tono conciliador pero, sobre todo, un repertorio de mensajes donde lo que se asevere sea demostrable con evidencias y no porque sea esta la que pomposamente se autoproclame como la gran autoridad moral del país.

La libertad de expresión, para que se entienda, sólo puede ser medida como un gradiente, que va desde la represión y muerte –por parte del Estado– de quien busca expresar libremente su opinión, hasta el hecho de ser insultado o descalificado por la autoridad. Cualquier acto que entre dentro de ese gradiente NO ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN, es –como lo escribiera sobre la democracia uno de los 650 firmantes–, una libertad con adjetivos. No otra cosa.

Hasta ahora, la autoridad (López Obrador) no ha hecho otra cosa más que repetir los viejos vicios pero con formas diferentes, –’ahora es una nueva forma de tratarlos’, dice la misma autoridad–, que por nueva no oculta el mismo fondo del asunto: limitar por medio de la descalificación y de la acusación sin pruebas.

En el caso de la prensa, esta debe existir para confrontar a la autoridad, exhibirla y buscar la transparencia. Lo contrario implicaría un periodismo cómplice en la opacidad o un activismo en favor de un personaje (lo que de ninguna manera es periodismo). Como dice Ryszard Kapuscinski: “El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse”.

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Ni las Ven Ni las Oyen

Por Manuel Moreno Rebolledo

“De aquí no nos vamos a mover y van a seguir llegando más madres de toda la República. Somos un chingo y somos de todo el país, y así tengamos que quemar las pinches fiscalías, lo vamos a hacer. ¡Hagan su maldito trabajo, fiscales y ministerios públicos! Y si no pueden, tenga tantita dignidad y renuncien”, exclamó el pasado 7 de septiembre Yesenia Zamudio, cuando tomaron las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la fuerza –fuerza que sólo da el sentimiento de frustración por la indiferencia–.

El Código Penal Federal señala que comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género y se determina cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; si existen antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. Es decir, se mata a una mujer por el sólo hecho de serlo.

El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género nos ayuda con una definición: se entiende como feminicidio “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a julio del presente año (últimos datos actualizados), han habido 521 feminicidios, además de los 55,889 delitos relacionados contra mujeres y que van desde robo a mano armada, violación, secuestro, hasta trata de personas; peor aún, se sabe que durante la pandemia, la violencia doméstica contra las mujeres ha aumentado un 60%, de acuerdo con una alerta emitida por ONU Mujeres en México; es decir que son agredidas desde su propia casa, por su propia familia. El delito ha aumentado en los dos últimos años y lejos de hacer algo al respecto, este gobierno –como lo han hecho los anteriores–, hacen oídos sordos al reclamo.

Una de las salidas fáciles la da el propio secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien, aunque reconoce que este delito es responsabilidad del ámbito federal, dice que las autoridades estatales de seguridad poco hacen dado que no en todos los estados está debidamente tipificado el delito. Los asesinatos de mujeres parecen tener el mismo pretexto que la pandemia, o que todo lo que a este gobierno le sale mal.

Ante la toma de la CNDH por parte de colectivos feministas y familiares de víctimas de desaparición forzada, violaciones y feminicidios, el presidente López Obrador lejos de mostrar algún gesto de empatía hacia ellas –ya no digamos de enviar a un funcionario de alto nivel que tratara con ellas para darles solución (o cuando menos esperanza) a sus reclamos–, se quejó de que en la toma de las instalaciones “hayan ultrajado a Madero” (por una pinta sobre un cuadro del citado personaje).

Para López Obrador, todo el movimiento feminista –con los reclamos perfectamente justificados que lo han provocado–, se le ha atragantado en todo lo que va del sexenio al grado de ni siquiera nombrarlo en sus mañaneras o haber valido siquiera una mención mínima en su segundo informe de gobierno (donde seguramente no cabía más por ser parte de esa otra realidad en la que él vive), y aunque el gobierno ha reconocido por voz de Alfonso Durazo que es necesaria una estrategia específica para el tema, el hecho es que no han emprendido una sola acción directa para prevenir o disminuir el delito; es más, López Obrador ha dicho que “como fueron 36 años de dominio neoliberal, neoporfirista, en donde no importaba lo que le sucedía a la gente”, el proceso para atender esta problemática, sería lento.

Lo único que ha buscado el movimiento de las mujeres es que se de cumplimiento a las leyes que se han creado en la materia para su protección y tratamiento paritario, y aunque no se han propuesto ser o ubicarse como una oposición a López Obrador, lo han logrado. Ante estos reclamos, López Obrador, cuando se le ha logrado sacar alguna respuesta a este tema, ha minimizado y desacreditado el asunto. El hecho de no recibir a las madres que han hecho plantones afuera de Palacio Nacional, ha sido tomado como un desprecio de su parte.

La unión y combatividad de los grupos que conforman el conglomerado feminista, es lo que parece molestar al presidente, al igual que salir a hablar y dar su punto de vista después de que el presidente haya declarado algo que incumba a este grupo, dijo en entrevista con Latinus María Salguero, creadora del Mapa Nacional de Feminicidios y quien se había pronunciado como partidaria de López Obrador; aunque él diga que detrás de ese movimiento están los conservadores o la derecha.

Las políticas públicas que se generen para disminuir los delitos y atacar en forma seria la violencia de género, debe comprender un aparato de inteligencia que permita el conocimiento –o reconocimiento– de los comportamientos sociales y familiares locales, dado que todas las regiones del país son diferentes, con patrones de comportamiento diferentes y grados de acción diversos. Esto ya se le ha advertido a Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, y a Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, pero no han hecho nada al respecto (lo que confirma probablemente su bien ganado apodo de “floreros”).

A la sociedad –toda–, nos corresponde reconocer que hay leyes que dan un tratamiento diferenciado al delito contra las mujeres por el simple hecho de que el delito, en sí, es diferente. Nos corresponde, de igual forma, educar a nuestros hijos y reeducarnos (de ser esto posible), en el respeto irrestricto al genero opuesto y a la paridad de ambos.

Por su parte, al presidente le corresponde actuar y comprender que no generar políticas públicas que ayuden al cumplimiento de la ley en esta materia, también es corrupción. En principio, el presidente debe escuchar los reclamos, en lugar de quejarse de la mala conducta de quienes tomaron las instalaciones de la CNDH.

Eleanor Roosevelt, conocida quizás por ser la primer Primera Dama de Estados Unidos en mostrarse mucho más activa hacia los asuntos de Estado en su país que cualquiera de sus predecesoras, decía que las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia.

Nos leemos la semana entrante y los invito a seguirme en Twitter: @ManuelMR.