La Justicia como Circo

Por Manuel Moreno Rebolledo

Loable es cuando se pretende acabar con la corrupción y se acepta la vía institucional para juzgar y, en su caso, sancionar a los culpables. Cuando la justicia toma una pista diferente o adicional a la que se señala, se vuelve un circo difícil de controlar y que termina por ser contraproducente para todos.

Dice un proverbio árabe que la primera vez que nos engañan no es nuestra culpa, pero la segunda vez, esa es sólo de nosotros. Personalmente creo que en México ya deberíamos de estar curtidos en lo que a políticos del sistema se refiere. Se necesitaría ser muy ingenuo –o muy fanatizado–, para no darse cuenta de que lo único que ha cambiado son las élites políticas. Es decir, lo que en Lozoya (y sus mentados) es corrupción, en Pío (el hermano), son contribuciones del pueblo bueno.

Y mientras la justicia corre por cuando menos dos pistas –la institucional que va muy lenta y la mediática que toca al son que le marcan las Mañaneras–, el país se hunde en cuando menos tres crisis: la sanitaria, la económica y la de seguridad.

Con respecto a la pandemia, este fin de semana llegaremos a 60 mil defunciones, cifra que López-Gatell veía como “escenario catastrófico” hace apenas un par de meses, ubicando al país en la reiteración del tercer lugar de fallecimientos en el mundo por el coronavirus y casi 550 mil contagios, que no son más porque cada día hacen menos pruebas y a quien se las hacen son a los que se encuentran visiblemente contagiados, sin seguimiento alguno –con pruebas, por supuesto–, a quienes tuvieron contacto con quien ya está enfermo.

El gobierno ha abordado esta pandemia de una manera por lo menos indolente y no sólo no retrocede en esta política: premia dándole mayores funciones (y jerarquía dentro de sus pares), al subsecretario responsable del desastre.

Mientras esto sucede, el presidente sigue en campaña. Intentando hacernos creer que ahora sí la Fiscalía es autónoma –él propuso a Gertz Manero, hay que recordarlo siempre–; él dicta desde Palacio Nacional lo que desea ver en la siguiente Mañanera y lo consigue, haciendo ver a la Fiscalía General como el cilindro cuyo mono sólo se levanta el gorro para saludar. Pide ver un video y misteriosamente se le concede; pide ver todo lo que ha declarado Lozoya y misteriosamente se filtra la denuncia completa. Insisto, quien quiera ver en esto un cambio con respecto a las prácticas del pasado, de plano se metió a ver otra película.

Y mientras el presidente logra el enorme distractor (que legítimamente podría representar un combate a la corrupción desde la vía de las instituciones), que representan los dichos de Lozoya y a quienes involucra, la economía del país se encamina a decrecer en dos dígitos del PIB; al segundo trimestre del año, INEGI reporta que ya suman 15.7 millones de personas sin empleo, con una inflación a la segunda mitad del mes de julio de casi el 4%.

Según la encuesta del INEGI, en el 30.4% de los hogares algún integrante perdió su trabajo y en el 65.1% de las viviendas los ingresos han disminuido durante este semestre.

Adicionalmente y de acuerdo con CANACINTRA, cerca de 250 mil empresas han tenido que cerrar en lo que va del año y, para finales de 2020, será medio millón de empresas las que habrán tenido que darse de baja. La negativa del gobierno de darle apoyo a las PyMES (no gratuito, es lo que pedían), ha originado este desastre económico. Para dar un ejemplo, mientras países como Italia, Corea del Sur o Argentina han dado estímulos a sus empresas equivalentes al 13% y 4% de su PIB los dos últimos, México sólo ha dado estímulos equivalentes al 0.7%. En cambio, López Obrador decidió repartir Créditos a la Palabra entre “los pobres” (a finales de julio sólo se habían otorgado poco más de 900 mil), lo que en absoluto logró aminorar la pérdida de fuentes de empleo.

Mientras este otro desastre tiene lugar, López Obrador se encarga de azuzar a su fanaticada regodeándose en insistir en documentos que sólo deberían tener validez oficial. Fustiga –casualmente citados en el documento de Lozoya–, a Salinas (su villano favorito); a Calderón (quien le “robó” la elección); al PAN (el único capaz de toda la minusválida oposición que podría amedrentar a Morena rumbo a 2021), y ya de paso a Peña, Videgaray y otros sospechosos comunes.

Frente a él –y frente a todos–, pasa inadvertida de momento la crisis de inseguridad que continúa (desde Calderón, eso sí), viviendo este país. No obstante, esta vez ninguna cifra se compara con las anteriores: en los primeros seis meses de este año fueron asesinadas 17 mil 982 personas en México. Se trata, en promedio, de casi 100 asesinatos de forma premeditada todos los días en 2020, la mayoría de ellas con armas de fuego. Es un nivel de violencia inédito para un primer semestre en el país.

Las víctimas de homicidio y feminicidio reportadas oficialmente en los primeros seis meses de este año superan en más de 300 a los 17 mil 653 registrados en todo 2019, año que hasta ahora ostentaba el nivel más alto de violencia del último cuarto de siglo.

Y así podemos seguir tratando cada uno de los rubros de este país: los dos únicos aciertos –si así los pudiéramos llamar–, que ha tenido este gobierno son, la vacuna contra el Covid-19 que hará la Fundación Slim (sí, ese de la minoría rapaz) y AstraZeneca (sí, esa empresa baluarte del neoliberalismo), así como la transmisión de clases por televisión (sí, con el apoyo de esa mafia del poder). De ese tamaño la transformación.

El pintor y escritor español Santiago Rusiñol decía que de todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos. Por eso es que al presidente no le creo nada.

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El Regalo

Por Manuel Moreno Rebolledo

En el siglo I A.C., Virgilio, por encargo del emperador Augusto –y con el fin de glorificar al Imperio Romano–, trató de reescribir los poemas homéricos tomando como inicio la Guerra de Troya y la final destrucción de esa ciudad, culminando su relato con la gestación de Roma tratando de imitar la forma como fue escrita la mitología griega. Esa epopeya latina se conoce como La Eneida.

Timeo Danaos et dona ferentes (temo a los griegos incluso cuando traen regalos), es quizá la frase más conocida de esa magnífica obra y Virgilio la ubica cuando el sacerdote troyano Laocoonte desconfía del caballo de madera regalado por los griegos a los troyanos y les advierte de no aceptar el obsequio.

Todo mundo recuerda como acaba la historia del Caballo de Troya. No sé si Gertz Manero también lo recuerde y menos aún Andrés Manuel López Obrador quien, para efectos del caso Lozoya, se ha vuelto su principal vocero.

Hasta ahora, lo que sabemos del caso en cuestión, es que el Fiscal General de la República ha dicho que tiene la certeza plena de que ninguno de los delitos que se le imputan a Emilio Lozoya ha prescrito y negó haberle dado beneficios especiales para permanecer en libertad. Descartó también que pueda ser liberado de cargos y que sus bienes incautados –algunos en Europa, otros en México–, garantizan en parte el daño causado a Pemex.

Así mismo, es el Fiscal quien ha dicho que las denuncias de Emilio Lozoya en contra de Peña Nieto y Luis Videgaray son de dos tipos: la primera (100 millones de pesos en números redondos) en pagos a consultores extranjeros para la campaña electoral del PRI en 2012; y la segunda (400 millones de dólares, también en números redondos), para la compra de voluntades de diputados y senadores y garantizar con ello la aprobación de una de las reformas estructurales.

De igual forma, Gertz Manero detalló que hay otra parte de las denuncias donde se habla de Etileno XXI. Como se sabe, en el caso de esta última empresa también se operaron beneficios de carácter económico por parte de Oderbrecht e involucra directamente al gobierno de Felipe Calderón como responsable.

Hasta ahora, el que Emilio Lozoya le hizo a la 4T parece ser sólo un regalo envenenado y los delitos que Gertz Manero dice que no han prescrito, seguramente se refieren solamente a los que ha cometido el propio Lozoya, Me explico.

El traspaso de 100 millones de pesos de Oderbrecht al pago de “consultores extranjeros” para la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, sería considerado como un delito electoral mismo que, en términos de las leyes vigentes en la materia –cuya encargada de investigar es la FEPADE–, ya prescribió.

De igual forma, el caso de Etileno XXI, amén de que una de las partes beneficiadas sea IDESA (la empresa de la familia del exsecretario de Comunicaciones y Transportes del actual régimen, Javier Jiménez Espriú), de comprobarse, sería un delito que seguramente también ya prescribió. La mayoría de delitos relacionados con la corrupción tienen una prescripción promedio de cuatro a cuatro años y medio, salvo tres: Cohecho (que tiene un promedio de prescripción de 5.8 años); Peculado (con un promedio de prescripción de 7.3 años), y Enriquecimiento Ilícito (con un promedio de prescripción de 7.4 años).

Entonces a Gertz Manero le quedaría por investigar la instrucción que Peña Nieto y Luis Videgaray le hubieran dado a Emilio Lozoya de repartir 400 millones de dólares –otorgados por Oderbrecht–, para el soborno de un determinado número de legisladores en favor de la Reforma Energética. Honestamente no veo cómo Lozoya haya conseguido un oficio, un memorándum o una videograbación donde cualquiera de los mencionados le haya girado la instrucción precisa de hacer lo que dice le pidieron hacer.

Ojo, con esto no quiero decir que no haya sido posible que los ilícitos hayan sucedido o siquiera sugerir que Peña Nieto o Videgaray sean inocentes de cualquier cargo de corrupción; si algo distinguió a la anterior administración es que siempre estuvo en entredicho al respecto. Lo que suscribo es que, lo que intenta probar Gertz Manero con los dichos de Lozoya es mucho más complicado de lo que nos quieren hacer creer.

Ahora bien, es muy curiosa la ansiedad de López Obrador por difundir “adelantos” del caso Lozoya. El presidente ha sido hasta ahora el más pertinaz amplificador del caso –aunque diga el Fiscal General que no le ha filtrado información alguna–, y lo ha sido por una razón muy importante: que su narrativa no se caiga.

Es mucha la casualidad sobre los tres temas que el asunto abarca (delitos, si acaso, prescritos o no), cuadran perfectamente con el discurso de López Obrador: el primero, que ha dicho que perdió la elección de 2012 por el dinero que, fuera de la ley, repartió el PRI en su campaña; segundo, ha dicho que las reformas estructurales se hicieron no por convicción sino por la corrupción del ‘PRIAN’; y tercero, que el gobierno de Felipe Calderón –si no es que él mismo–, fue un gobierno corrupto. Las denuncias de Lozoya coinciden perfectamente con los dichos de AMLO.

Sin embargo, de no acabar Peña, Calderón o Videgaray en la cárcel y sólo utilizar la información que está dando Lozoya para defender el discurso del presidente, el asunto le puede explotar en la cara al gobierno y llevar a la Fiscalía a un problema de reputación del cual no se reponga.

El regalo, entonces, será un regalo muy amargo.

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No Perdono a la Vida Desatenta

 por Manuel Moreno Rebolledo

“Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada”, le escribiría (le cantaría) el poeta republicano Miguel Hernández a su amigo y joven compañero de armas Ramón Sijé.

Pocas son las cosas que causan más dolor que la partida inesperada de un ser querido. 

Esta semana, en México y por causa de la pandemia, se llegó a la cifra de 50 mil muertes. 50 mil personas que más que estadísticas, números o cifras que vienen a complementar un informe, son 50 mil dolores, 50 mil familias, 50 mil dramas de –en muchos casos–, ni siquiera haberse podido despedir.

Poco a poco fuimos pasando, sin darnos cuenta y sin una muestra mínima de empatía de quien nos ha proporcionado fallidamente, una y otra vez, los datos de la pandemia, del primer contagio “de importación” detectado el 28 de febrero, a la primera propagación del contagio (sin seguimiento alguno del paciente cero), hasta la primera defunción.

Después de eso se nos dio el primer cálculo (26 de mayo): “la estimación de personas que pueden morir en México por el Covid-19 podría llegar a entre 25 y 30 mil personas”.

Sabemos los casos de personas públicas: celebridades, empresarios, políticos. De ellos sabemos sus nombres y aunque no nos sean cercanos, también nos condolemos. Pero desconocemos al resto, a esos dolores anónimos cuyo drama personal va desde el aviso de que “su enfermo ya falleció” a recoger sus cenizas porque, en el trayecto, no se permitió siquiera el reconocimiento del cadáver.

Se nos dio a conocer la primera baja entre el personal médico; los enfermos, hospitalizados y fallecidos que –insisto–, como cifra, se acumulan cada día, permitiéndonos ser simples observadores de cómo se multiplican, sin una explicación satisfactoria del por qué, si tantas veces –siguiendo lo que la autoridad nos dice–, se ha “aplanado la curva” o se ha “domado a la pandemia”.

Ya habrá tiempo para condolernos con los deudos, nos dice una autoridad cada vez más lejana de mostrar algo de conexión, pero cada vez más activa por seguir en campaña política a través de los diferentes municipios del país. Una autoridad que se ha negado sistemáticamente a utilizar cualquier tipo de recomendación que le ha venido de autoridades científicas internacionales (más pruebas y el uso de cubrebocas), pero ha capturado al científico a cargo para que nos convenza de que la principal autoridad es “una fuerza moral” con la que el virus no puede. Esas autoridades –la presidencial y la científica–, que están sirviendo como ejemplo a muchos sectores de la población que o también se sienten una fuerza moral o creen que con traer unas estampitas religiosas en la cartera será suficiente y que por seguir estos ejemplos se contagian y en el peor de los casos, también mueren.

Por eso la autoridad científica también se bajó del escalón: arrinconado por su propio fracaso (o ego, no sabemos aún), ha cambiado cuando menos cuatro veces la forma de informar sobre la pandemia. Primero, poniendo los datos sustanciales de la evolución de la enfermedad, como colofón para asegurar no ser cuestionado; después pasó a un cuadro mucho más objetivo, donde ya se destacaba la información importante (número de contagios, número de decesos, contagios activos y casos sospechosos); después lo sustituyó por una gráfica con porcentajes que inducía a pensar que efectivamente la curva “se iba aplanando” (cuando claramente no era posible); hasta llegar al porcentaje de cambio diario de casos estimados, lo que impide ver no sólo el dramatismo de la curva, sino también le resta importancia al número de decesos.

Su siguiente paso fue responsabilizar de la información a los gobernadores de los estados, lo que ha vuelto lógica la reacción –incluso entre los gobernadores de su partido político–, de aversión. La carta enviada por nueve gobernadores a López Obrador, pidiendo la renuncia del científico, amén de la carga política contenida, es el reflejo del mal trabajo efectuado: no imagino hacer esa petición sobre alguien que no haya causado, lo menos, polémica. Al grado tal que tuvo que intervenir la secretaria de Gobernación para acordar nuevas normas con prácticamente toda la CONAGO.

Ante todo esto, el descuido continua; sólo una autoridad desatenta es capaz de no darse cuenta del dolor ocasionado por la forma en que esta pandemia ha sido manejada. A una autoridad que parece sólo haber sido capaz de protegerse políticamente no es posible pedirle identificación con el doliente, no es posible pedirle que se ponga en los zapatos de quien sufre porque sería sacarla de esa realidad que la autoridad se ha construido donde todo está muy bien.

“Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación”, dijo López-Gatell en una de sus conferencias. Así, la visión de la autoridad de un mundo feliz. Así de ajenos al dolor de los deudos de los más de 50 mil fallecidos con nombre y apellido que se ha llevado esta pandemia.

A menudo, el sepulcro encierra, sin saberlo, dos corazones en un mismo ataúd, escribía el poeta francés Lamartine. Un poco de empatía –después del desastre ocasionado–, no le vendría nada mal a ese otro corazón que termina por encerrarse.

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Otros Datos

Por Manuel Moreno Rebolledo

Fue la tarde del domingo 24 de mayo, en el salón biblioteca de los expresidentes en Palacio Nacional. Uno de los sermones que le estaba tomando por costumbre grabar los fines de semana para inmediatamente difundirlo por sus benditas redes. Con una hojita en la mano que –por lo que decía–, mostraba indicadores de empleo y de recaudación fiscal que aún nadie se explica de dónde sacó. Ahí lo soltó:

“Tan bien que íbamos… y se nos presenta lo de la pandemia”.

El día anterior había hablado de lo bien que íbamos en el manejo de la pandemia y de cómo ya se había logrado “aplanar la curva” y que ya todo indicaba que venía el descenso de los contagios y de las muertes. De entonces ahora, tanto los contagios como los fallecimientos se han cuadruplicado.

Dos momentos y dos declaraciones que pintan de cuerpo entero la percepción que este gobierno tiene de sí mismo porque, ni íbamos bien –el crecimiento del último trimestre de 2019 fue de 0.1%, lo que logró que, acumulado, el crecimiento anual fuera del o%, es decir, nada–; ni en el caso de la pandemia la curva se aplanó y bueno, es cosa de ver cómo llegamos hasta donde llegamos.

Hay varias formas de analizar qué pasa con el presidente de México; por el que votaron 30 millones de personas y quien ganara, justamente, por una abrumadora mayoría: 

A este presidente hay que analizarlo por su capacidad de mentir (o, cuando menos, por su capacidad de crear realidades alternas); por su capacidad de inmiscuirse o no en asuntos en los que se espera recoja la opinión de su gabinete experto en la materia (sí, como hace 50 años tampoco lo hiciera Luis Echeverría con los resultados que todos conocemos) y sólo con base en eso, tomar una decisión; y por la capacidad que tiene de generar confianza y con ello darle credibilidad a sus políticas económicas.

En el primer caso, es cuestión de ver qué nos prometió; ya no en campaña, sino siendo presidente: primero crecimientos espectaculares del 6% al terminar el sexenio –de hecho, en algún momento se consideró estandarte de aquellos crecimientos que iban de la mano de Antonio Ortiz Mena–; después nos dijo que su pronóstico –ojo, no es economista ni persona calificada para hacer este tipo de cálculos, aún así se atrevió–, para 2019 era del 2.6% de crecimiento anual; y ya finalmente, por ahí del mismo mes de mayo cuando nos dijo que “íbamos bien…”, que mejor estaba trabajando en un nuevo modelo que nos iba a permitir medir el crecimiento pero también el bienestar y la felicidad.

En el segundo caso, al igual que Echeverría se lo hiciera a Hugo B. Margain (quien le llevaba una reforma fiscal para medio componer el desastre financiero al que las políticas echeverristas estaban llevando al país), la renuncia de Carlos Urzúa abrió la mayor crisis de los primeros siete meses de gobierno de López Obrador y sometió a la economía de México a una incertidumbre de la cual no se ha recuperado. El golpe fue brutal, no sólo porque supuso la salida del responsable económico del Gobierno, sino por la forma en la que, en su momento, se hizo. Urzúa –aquí sí, a diferencia de Margain– presentó su dimisión con una rotunda carta en la que acusó a la Administración de tomar decisiones de políticas económicas sin sustento, en clara referencia a miembros del gabinete que, no sólo no son expertos sino que, por motivos estrictamente ideológicos, están más cerca del pensamiento de que la iniciativa privada es prescindible (al menos aquella no cercana a ellos –las adjudicaciones directas y los contratos a amigos de ciertos miembros del gabinete así lo van demostrando–), y que todo lo puede hacer el mismo gobierno con un sinfín de empresas (como lo hizo Echeverría) y cuya confirmación la estamos viendo ahora que se creará la distribuidora de medicamentos del gobierno mexicano –un monopolio más, ¿por qué no?–.

Y eso nos lleva en forma directa al tercer caso: la credibilidad.

De entrada, parece tener un problema con la palabra “empresa”. Parece traer siempre en mente empresas conformadas por socios millonarios (con un diamante en la nariz como los que dibujaba Abel Quezada), y se le olvidan las tiendas de abarrotes, el taller mecánico, la estética, el restaurante, la papelería de la colonia, esas que conforman el 96.4% de etcéteras, y que con muchas dificultades pagan impuestos, con muchas dificultades contratan personal y con más dificultades aún lo dan de alta ante el IMSS. Esas que no han recibido más que el 0.7% del PIB de apoyo, mientras que nuestros socios comerciales, han recibido el 10.5% (Estados Unidos) y 3.7% (Canadá –más un paquete de aplazamiento de obligaciones fiscales–).

El mismo presidente es quien se ha encargado de dinamitar cualquier posibilidad de confianza en la inversión: por una parte, de acuerdo con el reporte de Banxico, hubo un incremento de apenas 1.7% de las IED en el primer trimestre de 2020 (por supuesto que habrá que esperar el reporte del segundo trimestre) pero, por otro lado, nos reporta una emigración de capital de marzo a junio por 350 mil millones de pesos.

No hace falta ser un genio para darse cuenta por qué, al terminar 2020, habrá 10 millones más de pobres en México, que el decrecimiento será superior al 12% y que tomará (de acuerdo con analistas, estos sí, expertos), hasta diez años recuperarnos.

Decía Moliere: “Las personas no están jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias”. Así le pasó a Echeverría.

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Relaciones Peligrosas

por Manuel Moreno Rebolledo

Muchas son las advertencias. Desde el mismo Maquiavelo que nos dice que “para mantener el Estado se debe tener un ejército propio […]”; hasta –mucho más abierta la vena de este subcontinente–, Eduardo Galeano cuando nos dice que los militares en el poder “son más peligrosos, pues mienten más y roban más porque se levantan más temprano”.

Es un hecho que en México las Fuerzas Armadas no tienen vocación –ni desarrollo–, para la defensa externa. Los militares históricamente han sabido cómo mantener determinada autonomía y fueros, lo que los ha vuelto un Estado dentro de otro. Ellos crean –a través del PNR–, el sistema político mexicano moderno; son ellos quienes reparten cacicazgos y son ellos quienes deciden cuándo y cómo supeditarse finalmente al poder civil político con la menor pérdida (o ninguna). 

Son tres los pactos (1929, 1938 y 1946), entre militares primero y luego con las élites civiles del país, los que permiten pacificarlo y darle en forma gradual a las instituciones políticas, la certidumbre para establecer un proyecto político nacional y de futuro. Pero el ejército siempre fue el mismo.

Siempre fue el mismo cuando lo utilizó Miguel Alemán para romper al sindicato ferrocarrilero. También cuando lo usó López Mateos para romperlo en 1960 y detener a sus líderes. Fue el mismo ejército el que persiguió a disidentes políticos y fue el mismo que, en 1968, reprimió un movimiento estudiantil, ocupó los campus universitarios y tomó parte de los hechos de la Plaza de las Tres Culturas que culminaron con la matanza del dos de octubre, haciéndose cómplice de la paranoia (¿inducida?) de un presidente de sí, paranoico.

Ha sido el mismo ejército el que, desde 1975, con la operación Cóndor, ha sido parte de una guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos y ha sido el mismo también el que enfrentó la llamada “guerra sucia” en aquella década. Nunca los derechos humanos han marcado su actuación. Por muchos años, la utilización de las fuerzas armadas no requirió de normas; esas normas las dictaba el presidente en turno. Han sido una organización del siglo pasado que no ha vivido todavía un proceso que las haga transitar –de una forma legal, justa–, a las condiciones óptimas de un estado de Derecho. Nadie duda que, dentro de las fuerzas armadas haya gente honorable y de trayectoria intachable. Conozco a más de uno. Pero no es, ni con mucho, la norma.

Pero mientras la discusión en este régimen debiera ir sobre una legislación que adecue el actuar de las fuerzas armadas a las condiciones de una democracia constitucional, eliminando sus características anómalas, entre ellas que haya un solo secretario civil del ramo del que dependan tanto el ejército como la marina armada –como sucede dentro de todas las democracias consolidadas–, el presidente de la república no sólo se les rinde: les va entregando la administración del país en partes.

No se sabe si la relación que Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de construir desde que inició este sexenio con las Fuerzas Armadas sea parte de la enorme confusión ideológica en la que vive pero, cuando menos históricamente, no ha sido precisamente la izquierda en Latinoamérica la que se ha acercado tanto a las fuerzas armadas de sus países como para aliarse con ellas en prácticamente toda la función pública. Por el contrario, es bien sabido en qué parte de algún archivo militar han acabado muchos esfuerzos socialdemócratas. O quizás alguien lo convenció de que su gobierno sería más parecido al de Salvador Allende que al de Getulio Vargas, y es el tener ‘controlado’ al ejército lo que guía realmente su acción (no quise llamarle miedo por pudor). 

Durante su campaña electoral, López Obrador insistió en que una de las razones de la crisis de seguridad era la rivalidad y falta de cooperación entre las estructuras policiales y militares. Como solución planteó la creación de la Guardia Nacional que, a la fecha, en materia de seguridad –que es para lo que fue creada–, ha arrojado los peores resultados posibles en la materia.

En cambio, la administración cedida por López Obrador a las fuerzas armadas va viento en popa. Esta va desde la construcción y operación del aeropuerto de Santa Lucía, la operación de 31 hospitales del INSABI, la construcción de parte del Tren Maya, hasta –lo último–, la administración de aduanas (ya sea en puertos o no) debido, a decir del propio presidente, a la corrupción y delincuencia que aún persiste en estas –mismas que, cabe mencionar, no han disminuido ni con la vigilancia de las fuerzas armadas, que ya estaba dada–. Fue esto último, ceder la operación, lo que hizo que Javier Jiménez Espriú renunciara como secretario de Comunicaciones y Transportes.

No sé si venga escrito por Winston Groom desde la novela o sea una de las genialidades del guion de Eric Roth la que le hace preguntar a Gary Sinise (Dan Taylor) a su soldado Forrest Gump:

“–Soldado Gump, ¿para qué estás aquí?

–Para hacer todo lo que usted mande mi sargento.

–¡Demonios Gump! Es la mejor respuesta que he oído en toda mi vida.”

Parece de risa. Espero no resulte en tragedia.

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Asunto Público 06

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Actos de Corrupción

Por Manuel Moreno Rebolledo

Obvia decir que no se trata de un fenómeno nuevo ni en México, ni en el mundo. En nuestro país siguen causando molestias las aseveraciones de que se trata de un sistema de vida donde la gran mayoría se encuentra inmerso… y sin embargo se mueve. Desde el que busca sobornar a un policía (o el que se deja sobornar por uno, es lo mismo), hasta el que por conseguir dinero fácil se presta a fingir un servicio que nunca prestó o a inflar su precio para que todos salgan económicamente beneficiados menos el verdadero destinatario del servicio.

Por ello, son buenas las noticias de traer a cuentas casos flagrantes de corrupción, –y sin que dejen de llamar a reflexión o nos impidan levantar fuerte la voz para su justa sanción–, no debieran ni extrañarnos ni llevarnos a acusar de mayor o menor corrupción a uno u otro partido político que ha gobernado y gobierna (desde cualquier nivel: municipal, estatal, federal), cuando es el sistema completo el que está dañado. Mientras el voltear la vista, manipular la ley o utilizar estos actos con otros fines que no sean punitivos o ejemplares, sean la moneda de cambio de este sistema, pasarán autoridades y generaciones, y será un tema que quedará sin solución.

Hay otros factores como la desigualdad económica, la fragmentación étnica y la estabilidad democrática que también son variables de peso para distinguir un país con mayor o menor corrupción. México no está exento de esto, por el contrario. En nuestro país, la corrupción cuenta con tres ingredientes adicionales que siempre están en crecimiento exponencial: 

Uno, la falta de persecución del delito –la impunidad ha sido la peor parte de todos nuestros gobiernos (de cualquier color)–; dos, creer que la ley del mínimo esfuerzo es la que funciona (no me des, ponme donde hay); y tres, el cinismo con el que todas las autoridades (desde la más alta) acusan y pontifican sobre lo que, en privado, adolecen o –lo menos–, permiten.

En una de sus grandes novelas, Bajo el Sol de Satán, el escritor francés George Bernanos hizo exclamar a su personaje, el abad Donissan: “¡La primera señal de corrupción en una sociedad que aún está viva, es cuando el fin justifica los medios!”.

Y en lo que ahora nos atañe ese es el tema de fondo: ¿se va a castigar la corrupción o se utilizará con fines de exhibición? ¿Le servirá al gobierno para apuntalar fines electorales, por ejemplo?

Aunque el año electoral es 2021, todas las circunstancias se empeñan en apuntar que este será el año más movido en materia pre electoral del que posiblemente tengamos memoria. En primera, porque el empuje se ha hecho desde varios grupos de la sociedad civil (no sólo uno, como acusa el presidente), pero ha sido él quien ha levantado la ofrenda y la ha vuelto personal (–homo electorabilis, al fin; permítaseme el latinismo–).

Porque hay oportunidades que son únicas y Emilio Lozoya Austin es para López Obrador el pagote perfecto: porque significa Pemex; porque significa Reforma Energética; porque representa los ‘moches’. En Lozoya se encarna un guion cargado de los símbolos de la corrupción que desde su campaña se ha encargado de pregonar. Es la suma de su pequeña semiótica.

El pasado 15 de julio, bastó la publicación de un desplegado llamando a una alianza ciudadana, conformada como frente opositor único para las elecciones federales del año entrante, firmado por treinta personas con visiones variopintas del país, para que el Ejecutivo –emotivo como es–, volviera al ataque:

 “¡¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el ‘contrapeso’ que pretenden ‘recobrar’ los abajofirmantes?!”. Lo dijo con todas sus letras una vez que les leyó puntualmente la respuesta al desplegado titulada “Bendito Coraje”.

Ya comentábamos en mi entrega anterior lo que en mi opinión fueron los motivos del viaje de López Obrador a Washington: seguir ganando elecciones para no perder el poder sobre ambas cámaras. Para ello requiere que el saldo económico de la pandemia no le pase una factura tan desfavorable (lo cual se ve titánico). Su segundo requerimiento es la construcción de un discurso que vindique el tema de la corrupción que llegó a prometer que resolvería y que descalifique a cualquier grupo opositor que pueda tener enfrente –articulado como partido u organización civil– para vincularlo con el tema y que, ante los ojos del electorado, quede descalificado. Y Emilio Lozoya es perfecto para eso. Y ya lo dijo.

Con el exabrupto que siguió a su “Bendito Coraje”, López Obrador no sólo dejó ver las intenciones detrás de la llegada del exdirector de Pemex, exhibió la muy maltrecha autonomía de la Fiscalía General de la República que, sólo era cuestión de tiempo confirmarlo, sabemos que sigue obedeciendo al presidente.

A Andrés Manuel López Obrador no le importa encarcelar a nadie: le importa la rentabilidad que le puede reportar el hecho de que alguien, por defenderse, no la pise. 

Bien lo escribió John Steinbeck en su momento: El poder no corrompe, el que corrompe es el miedo a perder el poder. López Obrador está en esa tesitura.

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