29 de marzo de 2015
Escrita por Eduardo Caccia
para el periódico Reforma
Uno de los beneficios que más se asocia con la democracia es la libertad. Muchos de los defectos de la incipiente democracia mexicana pasan a segundo término cuando se sopesan contra ese estado tan ansiado y valorado por el hombre desde que se dieron las primeras manifestaciones de sometimiento (natural o inducido) entre las culturas humanas.
Arrastramos en nuestra historia una serie de episodios bélicos cuyo fin ha sido obtener libertad, un estado o condición de vida que muchas veces malentendemos o idealizamos. Tengo más preguntas que respuestas en esto de cómo vivir y entender la libertad, ¿cuánta libertad equivale a felicidad?, ¿somos realmente libres en México?, ¿la democracia mexicana nos da la libertad que nos conviene?, ¿por qué otras culturas con menos libertad son más civilizadas y progresistas?
Durante mis años de autoexilio en Estados Unidos confirmé que la libertad es un gran valor de esa cultura. Irónicamente, el "Land of the free" se hace de lo opuesto a la libertad: las restricciones, esos contrapesos legales a la conducta de los individuos que establecen límites a lo que uno puede o no hacer. Para el estereotipo mexicano, los límites norteamericanos ahogan, acosan, intimidan, se percibe un exceso de regulación y la amenaza constante de la consecuencia: la aplicación de la ley. Estacionar un automóvil en una ciudad norteamericana tiene límites inconcebibles para quien está acostumbrado a la doble o triple fila, a estacionarse sobre la banqueta, bloquear una entrada ajena u obstruir una rampa para discapacitados.
La pregunta es ¿qué tipo de libertad debería tener una sociedad para desarrollarse en armonía? Ciertamente en México tenemos un exceso de libertad desde el punto de vista que mucha gente comete ilícitos y conductas que afectan la libertad y derechos de terceros, sin consecuencia para sus actos. Mi vecino puede armar una ruidosa fiesta durante toda la madrugada porque tiene el poder (la libertad) de hacerlo, en otros países esta libertad no existe.
La libertad norteamericana se hace de límites tajantes, la libertad mexicana se hace de límites negociables y subjetivos. Los límites en un régimen de libertad equivalen a lo que para los derechos son las obligaciones. Tengo tanta libertad como no afecte la de los demás. En México tenemos una libertad informe, peleamos por derechos y en nombre de éstos se cometen actos legales e ilegales, la balanza es dispar, no estamos viendo el lado de las obligaciones ni educando a las nuevas generaciones para dar en vez de exigir. La corrupción mexicana es una malformación de la libertad mexicana, un poder hacer, con total impunidad.
Un buen gobierno regula de forma efectiva la libertad para que ésta se traduzca en mejores condiciones de vida. Tener la libertad de elegir un gobernante no necesariamente implica tener libertad y mucho menos calidad de vida. Murió Lee Kuan Yew, artífice de Singapur, y la reflexión es obligada. Si a nosotros nos parece exagerada la regulación (falta de libertad) de los gringos, a ellos se les hace exagerada la de Singapur, una nación con envidiable calidad de vida e ingreso per cápita, un país ordenado, limpio, con un gobierno honesto y sanciones implacables para los infractores, cualidades que lograron sin ser un régimen democrático.
Un habitante en México vive más libertades que en Estados Unidos o Singapur; el problema es que tenemos libertad de hacer mucho de lo que no deberíamos hacer. Pero no tenemos otras libertades, no podemos caminar en las calles sin miedo, necesitamos aparentar para que los criminales no nos detecten, nuestros hijos crecen en un país que no se mueve, nuestros políticos tienen una libertad envidiable para hacer y deshacer sin consecuencias.
¿Preferirías vivir con menos libertades a cambio de un país con seguridad, menos corrupción y con futuro estable para tus hijos?, es pregunta que debería hacerse México cuando salga de su adolescencia, esa etapa bronca donde libertad es una palabra de ocho letras, una sensación endeble y relativa.
abril 09, 2015
abril 08, 2015
Mitos Electorales
por Jorge Alcocer
para el periódico Reforma
¿Quién lo inició, o a partir de cuándo adquirió visos de verdad? No tengo la respuesta.
Me refiero a la creencia -mito- de que la elevada abstención beneficia de manera directa al PRI. El razonamiento es elemental, y por ello mismo no requiere de mayor evidencia por quienes lo sostienen: dado que el voto duro del partido tricolor es el de mayor peso relativo, una elevada abstención realza ese voto duro y otorga al PRI condiciones para obtener la victoria; incluso para alcanzar mayoría absoluta, por sí mismo, en la Cámara de Diputados (251 curules).
En 2009, cuando varios intelectuales promovieron el voto nulo, el mito se hizo presente; este año, ante el llamado de otros personajes para boicotear las elecciones en curso, ha vuelto a cobrar actualidad. Quienes están en contra del boicot esgrimen como principal argumento que el PRI será el beneficiario.
La evidencia no abona en favor del mito. Veamos algunas cifras.
En 1991, la última elección intermedia con triunfo contundente del PRI, la participación ciudadana en las urnas fue del 60.3%; en 1994, última elección con mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados, la participación fue del 75.3%, porcentaje que no ha vuelto a ser alcanzado.
De 1997 a 2012 ningún partido ha obtenido mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; el porcentaje de participación ciudadana más reducido para el periodo se registró en 2003, con 42.3%, que en el otro lado de la moneda significó una abstención del 57.7%. El PRI no obtuvo mayoría absoluta.
En la elección presidencial del año 2000, la participación fue del 64%, y el PRI perdió la Presidencia de México. Hace tres años la participación fue del 62%, dos puntos menos que en 2000, y el PRI ganó la elección presidencial.
Es cierto que, como regla general, en elecciones intermedias votan menos ciudadanos que en las presidenciales, pero no existe registro (1991-2012) de participación nacional menor al 40% en tales elecciones.
Me refiero a la creencia -mito- de que la elevada abstención beneficia de manera directa al PRI. El razonamiento es elemental, y por ello mismo no requiere de mayor evidencia por quienes lo sostienen: dado que el voto duro del partido tricolor es el de mayor peso relativo, una elevada abstención realza ese voto duro y otorga al PRI condiciones para obtener la victoria; incluso para alcanzar mayoría absoluta, por sí mismo, en la Cámara de Diputados (251 curules).
En 2009, cuando varios intelectuales promovieron el voto nulo, el mito se hizo presente; este año, ante el llamado de otros personajes para boicotear las elecciones en curso, ha vuelto a cobrar actualidad. Quienes están en contra del boicot esgrimen como principal argumento que el PRI será el beneficiario.
La evidencia no abona en favor del mito. Veamos algunas cifras.
En 1991, la última elección intermedia con triunfo contundente del PRI, la participación ciudadana en las urnas fue del 60.3%; en 1994, última elección con mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados, la participación fue del 75.3%, porcentaje que no ha vuelto a ser alcanzado.
De 1997 a 2012 ningún partido ha obtenido mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; el porcentaje de participación ciudadana más reducido para el periodo se registró en 2003, con 42.3%, que en el otro lado de la moneda significó una abstención del 57.7%. El PRI no obtuvo mayoría absoluta.
En la elección presidencial del año 2000, la participación fue del 64%, y el PRI perdió la Presidencia de México. Hace tres años la participación fue del 62%, dos puntos menos que en 2000, y el PRI ganó la elección presidencial.
Es cierto que, como regla general, en elecciones intermedias votan menos ciudadanos que en las presidenciales, pero no existe registro (1991-2012) de participación nacional menor al 40% en tales elecciones.
En conclusión: la evidencia empírica nos dice que el PRI ha ganado, y perdido, en elecciones federales, presidenciales e intermedias, con alta participación ciudadana en las urnas; en cambio, no tenemos evidencia que muestre al PRI ganando elecciones federales con alta abstención. En primer lugar, porque de 1997 a 2012, sin importar el nivel de participación/abstención, ningún partido ha obtenido, por sí mismo, mayoría absoluta en la Cámara de Diputados; y en segundo lugar, porque no hemos tenido participación nacional por abajo del 40 por ciento. Los datos de comicios locales abonan en el mismo sentido.
El argumento de que el boicot debe ser rechazado porque beneficiará al PRI es un mal argumento. Por las evidencias y porque supone que quienes atiendan el llamado al boicot, de ir a votar, lo harían por partidos diferentes al PRI. Lo segundo es igual a suponer que quienes no declaran intención de voto a los encuestadores votarán por la oposición. Ambos supuestos son un mito, y como tal deben ser tratados.
Como apunté al inicio, un mito deriva de otro: el llamado voto duro.
El peor resultado para el PRI en una elección federal ocurrió en 2006, cuando la participación del electorado fue del 58.5%, la más baja después de 1994. Mi querida y recordada amiga María de las Heras sostenía que Roberto Madrazo (PRI) tendría una votación de, al menos, un 30%, debido al voto duro de su partido. En un debate pregunté a María: ¿Qué tan duro es el voto duro del PRI?; me respondió que el cálculo era producto de su propia metodología. El PRI, aliado con el PVEM, obtuvo el 22% de la votación nacional y se ubicó en tercer lugar.
Sin duda que tenemos segmentos del electorado que pueden ser calificados como de voto duro, que obedece a razones diversas, que van del clientelismo a la lealtad partidista. Pero la evidencia da cuenta de un cambio fundamental: que la mayoría del electorado ejerce su voto en libertad, y que esa mayoría, uno a uno, no ha escriturado ni vendido su voto a ningún partido.
Más allá de los mitos, ir a votar es un derecho y una obligación.
El argumento de que el boicot debe ser rechazado porque beneficiará al PRI es un mal argumento. Por las evidencias y porque supone que quienes atiendan el llamado al boicot, de ir a votar, lo harían por partidos diferentes al PRI. Lo segundo es igual a suponer que quienes no declaran intención de voto a los encuestadores votarán por la oposición. Ambos supuestos son un mito, y como tal deben ser tratados.
Como apunté al inicio, un mito deriva de otro: el llamado voto duro.
El peor resultado para el PRI en una elección federal ocurrió en 2006, cuando la participación del electorado fue del 58.5%, la más baja después de 1994. Mi querida y recordada amiga María de las Heras sostenía que Roberto Madrazo (PRI) tendría una votación de, al menos, un 30%, debido al voto duro de su partido. En un debate pregunté a María: ¿Qué tan duro es el voto duro del PRI?; me respondió que el cálculo era producto de su propia metodología. El PRI, aliado con el PVEM, obtuvo el 22% de la votación nacional y se ubicó en tercer lugar.
Sin duda que tenemos segmentos del electorado que pueden ser calificados como de voto duro, que obedece a razones diversas, que van del clientelismo a la lealtad partidista. Pero la evidencia da cuenta de un cambio fundamental: que la mayoría del electorado ejerce su voto en libertad, y que esa mayoría, uno a uno, no ha escriturado ni vendido su voto a ningún partido.
Más allá de los mitos, ir a votar es un derecho y una obligación.
abril 06, 2015
Seguir Aprendiendo
Publicada en la Revista Merca2.0
Will Durant, el célebre escritor y
filosofo (que legó once maravillosos libros sobre la historia de la
civilización), decía que la educación es el descubrimiento de nuestra propia
ignorancia, refiriéndose a la ambición que el ser humano debiera tener por el
conocimiento y a la inconformidad obsesiva por entender, siendo la educación
una simple herramienta para seguir conociendo.
Enseñar no es una tarea fácil,
sobre todo cuando quienes deben aprender tienen la idea de que lo saben todo.
¿Debiera una agencia –de cualquier especialidad, eso es lo de menos–, continuar
con la instrucción (metodológica, sistemática) de sus recursos humanos o
debiera dejarlos con su propio background,
que fueran aprendiendo en el camino, con sus propios yerros y con una voz (no
interior pero sí chocante) que les dijera “se los dije”?
Valores
Más allá de la educación “formal”
o la actualización en nuevas técnicas o teorías que enriquezcan su especialidad
–condición sine qua non para una
operatividad mínima–, una empresa que se dedica a la comunicación debe
desarrollar, a través de una formación sistemática entre su personal, seis
valores esenciales por los cuales será apreciada y sin duda destacará muy por
encima de las demás:
1) Ceñir la creatividad –no
coartarla, no limitarla, simplemente darle orden, método y estructura–; ponerle
ese corsé intelectual que distingue a los creativos de los genios.
2) Contextualizar la comunicación
(entender perfectamente toda la circunstancia que rodea el mensaje o conjunto
de mensajes que se van a emitir: lo social, lo político, lo económico, lo
cultural, lo legal). La investigación es fundamental en este paso. Una
formación cultural sólida es tan importante como los conocimientos técnicos adquiridos
en la educación formal.
3) Ver cada cuenta como un caso
independiente y único (la fórmula que funcionó con un cliente, puede no aplicar
para otro, aun y cuando tengan muchas semejanzas en su giro o tengan
aparentemente las mismas necesidades), cada cliente es como un individuo y cada
individuo es único e irrepetible. Hay que hacer la historia clínica de cada
cliente y diagnosticar sus necesidades de acuerdo con sus antecedentes y
necesidades reales frente a su mercado.
4) Sentir en común (justo lo que
da significado al famoso sentido común) sin perder la esencia de nuestro
criterio; buscar la mejor manera en la que nuestra idea pueda permear y ponerse
en los zapatos de los destinatarios de nuestros mensajes (hay gente tan llena
de sentido común, decía Unamuno, que no les queda el más pequeño rincón para el
sentido propio).
5) Discutir cada idea, cada
mensaje y ganar en autocrítica: aprender que el mejor de los proyectos siempre
tendrá como base haberlo hecho en forma colegiada, permitiendo la aportación
libre y estructurada de cada miembro del equipo quien, con los mejores
conocimientos y actitud de que dispone pueda convencer con argumentos sólidos y
bien documentados sobre lo que es mejor para el cliente, aprendiendo que la
autocrítica es la mejor vía para sustentar dichos argumentos. Obsesionarse con
la perfección de cada proyecto.
6) Tener el atrevimiento de ver
más allá de lo ortodoxo. Cada profesión y cada especialidad tiene sus dogmas y
verdades establecidas: hay que romperlas y buscar qué es lo que no nos dicen
esos parámetros para buscar una respuesta más allá de lo instaurado, para hacer
algo efectiva y eficientemente nuevo; la revolución rompe con lo establecido y
es, y será siempre, re-evolución.
Adaptación
Estos valores que responden más a
un carácter individual, trascienden la educación profesional y deben ser
inculcados (si es que no lo hizo la familia), por el ámbito del cual este
personal ahora forma parte y por un esfuerzo particular que tendría como
resultado sólo dos opciones: la adaptación –en el mejor de los casos–, o la
segregación del grupo que ya está embalado en esta dinámica.
Este modelo de agencia no sólo
será útil para la firma en la que prestamos nuestros servicios o para nuestros
clientes, sino para la sociedad en general. Mientras más personas estén
formadas e involucradas en este tipo de esquema de trabajo, mejor podrán
contribuir a cambiar ese “chip” que
tanta falta hace restaurar para ganar en competitividad, productividad,
honestidad personal y profesional, haciendo que, desde nuestra posición
–cualquiera que ésta sea– nuestra sociedad sea vista con respeto y dignidad,
tanto por otras sociedades como por nuestras propias autoridades.
La meta
principal de este tipo de formación no es el enseñarnos a ganar el pan –de eso
se seguirán encargando las escuelas–, sino capacitarnos para hacer agradable
cada pedazo de ese pan que nos llevemos a la boca.
Hasta el próximo mes.
Los invito a seguirme en Facebook o por
Twitter: @ManuelMR.
abril 03, 2015
Servicio al Cliente
(Publicado en la Revista Merca2.0 en su número de abril de 2015)
Por Manuel Moreno Rebolledo
No hay campaña de
relaciones públicas que sostenga un mal servicio.
Decía Sam Walton, fundador
de Wal Mart y Sam’s Club, que el objetivo como empresa no es tener solamente el
mejor servicio al cliente, sino que éste sea legendario.
Una de las aplicaciones de la teoría de la
Disonancia Cognoscitiva que en 1957 formulara León Festinger, nos ha servido a
los comunicólogos para la ejecución y el análisis de los mensajes que emitimos
o que otros producen para la comunicación de marcas.
Dicha teoría reconoce un conflicto cuando, por
ejemplo, la información que tenemos como acervo individual (sistema de
creencias, ideas aprendidas, percepciones basadas en experiencias personales o
preconcepciones), se enfrenta a un mensaje o serie de mensajes que contradicen
este conjunto de percepciones y que van en sentido contrario de estos.
Esta situación crea una fuerte tensión dada la
desarmonía que se establece entre el mensaje que intenta penetrar en forma de
pensamiento consciente y el conjunto de creencias que tenemos y que externamos
también de esa forma.
El
poder de culpar a alguien
La idea principal de esta teoría podría resumirse así:
cuando se dan a la vez cogniciones o
conocimientos que no encajan entre sí por alguna causa (disonancia),
automáticamente la persona se esfuerza por lograr que éstas encajen de alguna
manera (reducción de la disonancia); luego entonces, el mensaje que menor
disonancia genere, será el que mejor penetre y cumpla su cometido.
El mensaje que IZZI
emitió durante 2014 en su campaña de lanzamiento –apostándole todo a la
soberbia que da el poder de la imagen y menospreciando tanto el contexto como
la inteligencia del usuario– y que trató de permear a usuarios potenciales (sobre
todo aquellos desencantados con el servicio de Telmex), se centraba en la
premisa de la personalización de un culpable: Carlos; confiados en que la
reputación tecnológica del holding de esta nueva marca precedería cualquier
confrontación con la realidad, generando la posibilidad de un mensaje sin asomo
de disonancia.
Sin embargo, la ilusión
se mantiene hasta que la realidad la toma de la mano.
Otra
vez el servicio
No pasó mucho tiempo
antes de que un gran número de posibles nuevos usuarios –afectados desde luego
por el pobre servicio que, sobre todo en internet, ofrece Telmex–, se dieran
cuenta que su opción debía de considerar un cambio también en su servicio de
televisión de paga y en su servicio de telefonía fija (servicio, este último, al que no le quedan muchos años de vida). Hasta ahí, ese pudo haber sido el mejor de los escenarios.
No obstante, la noche
cayó cuando muchos de esos ahora nuevos usuarios –aquellos a quienes se les
prometió un servicio único y con el mejor de los tratos (aquellos que
decidieron dejar a Carlos)–, fueron quienes comenzaron a quejarse del servicio,
de la deficiencia técnica y de la falta de soluciones de quienes se supone
están para atender.
Después de ver muchas
quejas entre las personas que sigo en diferentes redes sociales sobre el
servicio que proporciona IZZI, personalmente me di a la tarea de solicitar el
servicio completo con el objeto de corroborar esas quejas.
El
desencanto
Debo confesar que no
llegué a experimentar el servicio ya instalado porque desde la misma
instalación me encontré con todas las posibles respuestas “no” que jamás he
escuchado en un proveedor.
Resulta que el técnico
no sólo no llegó bien preparado sino que quiso hacer nuevos huecos en las
paredes además de los que ya existían para ese propósito. Cuando le pregunté
sobre el alcance de su red inalámbrica me dijo que no sabía, que por eso
recomendaba instalar el módem exactamente en el lugar donde se fuera a utilizar
internet porque no garantizaba su alcance.
Quiero suponer que IZZI
nunca preparó a su técnico en aspectos de movilidad, pues cualquier usuario que
se preste de ser nómada en su propia casa, sabe que necesita un grado de
alcance mínimo.
Todos estos
ingredientes hacen que una campaña enfocada en golpear al contrario para buscar
recoger las migas que suelta en el golpe y que por razones evidentes no tuvo la
supervisión para que la promesa se cumpliera (o más grave aún, que no
intentaran una campaña de Relaciones Públicas internas que motivara y
capacitara al personal para cumplir la promesa antes de lanzar la campaña al
público en general), no sólo se pierda en el olvido sino que, al ser tan
disonante con la realidad, tenga un efecto contraproducente.
Para este propósito,
las palabras de Peter Drucker parecen hechas a la medida: “Lo más importante
respecto de cualquier empresa, es que los resultados no están en el interior de
sus paredes. El resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho”.
Hasta el
próximo mes.
Los invito a
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marzo 31, 2015
El Ave de la Impunidad
Por Juan E. Pardinas
para el periódico REFORMA
29-marzo-2015
Desde 1997 hasta el 2015, el Partido Verde ha recibido 6,450 millones de pesos del erario público (precios del 2014). En promedio, cada año el Tucán se ha devorado 358 millones de pesos. Por los últimos 18 años, el Verde ha tenido ingresos diarios de 980 mil pesos. Supongamos que sus gastos operativos y de nómina representan el 70% de sus ingresos, esto deja una ganancia neta de 107 millones de pesos al año. Con estos márgenes de plusvalía el Partido Verde podría ser candidato para ingresar a la lista de las 500 empresas más grandes de México de la revista Expansión, con utilidades netas por encima de compañías como Samsung de México, Xerox o SuKarne. Mientras estas empresas generan prosperidad, empleos y pagan impuestos, el Partido Verde se alimenta del erario para ofrecer cargos públicos a las fuerzas básicas del Mirreynato.
El éxito electoral y financiero del Tucán se cimienta en un principio rector: México es un país donde no se respeta la ley. En un régimen de derecho, los operadores del Partido Verde tendrían que estar enfrentando acusaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, sólo por citar algunos de los delitos más evidentes. Sin embargo el Tucán, en coalición con el PRI, es el partido en el gobierno y la primera minoría en el Congreso. Su éxito político y su modelo de negocios dependen de esa complicidad entre autoridades y criminales que denominamos impunidad.
Después de un vergonzante y sospechoso alineamiento a los intereses del Tucán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha dejado las "amonestaciones verbales" para empezar a cobrar sanciones económicas. Hasta el momento van siete multas con un valor de 170 millones de pesos. El monto de la pena permite al Trife lavarse la cara ante la opinión pública, sin afectar en el mediano plazo el jugoso negocio de no cumplir la ley.
Con 6.4% de los votos en las elecciones federales de 2012, el Partido Verde recibirá, en 2015, 429 millones de pesos. La multa representa menos del 40% de los ingresos de un solo año. Gracias a las ventajas de sus campañas ilegales, las encuestas electorales indican que el Partido Verde recibirá cerca del 10% de la votación nacional. Con ese incremento de los sufragios, el costo de las sanciones se podrá pagar con las ganancias adicionales. Para 2016 o 2017, las multas quedarían saldadas y en 2018 el Tucán tendría los rendimientos financieros más grandes de su historia. No hay mejor negocio en México que saltarse las trancas con la cómplice bendición de la autoridad. La intensa precampaña del Partido Verde, donde el Tucán aparece desde los cines hasta en las tortillas, abre una serie de preguntas clave para la elección de 2015: ¿cómo se financió? ¿El dinero para pagar esta publicidad tiene un origen legal? ¿Los gastos de la propaganda tempranera rebasan los topes permitidos de campaña?
Esta semana, Roberto Newell afirmó que la ausencia de un Estado de derecho es el mayor problema económico de México. No sólo en la economía, también en la democracia, la ausencia de un régimen gobernado por la ley es el mayor desafío que tenemos enfrente. En la política mexicana, la falta de un Estado de derecho camina como Tucán, vuela como Tucán y tiene la talla, el peso y el pico del Tucán. Esta ave tropical es la mascota preferida de nuestra impunidad. Las autoridades electorales tienen una oportunidad histórica de hacer cumplir las leyes y devolverle algo de credibilidad a las instituciones de nuestra República. ¿No será el momento ideal de quitarle el registro de partido político a este animal empollado por el cinismo y la corrupción?
El éxito electoral y financiero del Tucán se cimienta en un principio rector: México es un país donde no se respeta la ley. En un régimen de derecho, los operadores del Partido Verde tendrían que estar enfrentando acusaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, sólo por citar algunos de los delitos más evidentes. Sin embargo el Tucán, en coalición con el PRI, es el partido en el gobierno y la primera minoría en el Congreso. Su éxito político y su modelo de negocios dependen de esa complicidad entre autoridades y criminales que denominamos impunidad.
Después de un vergonzante y sospechoso alineamiento a los intereses del Tucán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha dejado las "amonestaciones verbales" para empezar a cobrar sanciones económicas. Hasta el momento van siete multas con un valor de 170 millones de pesos. El monto de la pena permite al Trife lavarse la cara ante la opinión pública, sin afectar en el mediano plazo el jugoso negocio de no cumplir la ley.
Con 6.4% de los votos en las elecciones federales de 2012, el Partido Verde recibirá, en 2015, 429 millones de pesos. La multa representa menos del 40% de los ingresos de un solo año. Gracias a las ventajas de sus campañas ilegales, las encuestas electorales indican que el Partido Verde recibirá cerca del 10% de la votación nacional. Con ese incremento de los sufragios, el costo de las sanciones se podrá pagar con las ganancias adicionales. Para 2016 o 2017, las multas quedarían saldadas y en 2018 el Tucán tendría los rendimientos financieros más grandes de su historia. No hay mejor negocio en México que saltarse las trancas con la cómplice bendición de la autoridad. La intensa precampaña del Partido Verde, donde el Tucán aparece desde los cines hasta en las tortillas, abre una serie de preguntas clave para la elección de 2015: ¿cómo se financió? ¿El dinero para pagar esta publicidad tiene un origen legal? ¿Los gastos de la propaganda tempranera rebasan los topes permitidos de campaña?
Esta semana, Roberto Newell afirmó que la ausencia de un Estado de derecho es el mayor problema económico de México. No sólo en la economía, también en la democracia, la ausencia de un régimen gobernado por la ley es el mayor desafío que tenemos enfrente. En la política mexicana, la falta de un Estado de derecho camina como Tucán, vuela como Tucán y tiene la talla, el peso y el pico del Tucán. Esta ave tropical es la mascota preferida de nuestra impunidad. Las autoridades electorales tienen una oportunidad histórica de hacer cumplir las leyes y devolverle algo de credibilidad a las instituciones de nuestra República. ¿No será el momento ideal de quitarle el registro de partido político a este animal empollado por el cinismo y la corrupción?
La Paja y La Viga
Por Jorge Alcocer V.
Para el periódico REFORMA
Para el periódico REFORMA
Aceptando, sin conceder, los datos de la empresa Integralia (que dirige Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE) respecto del supuesto valor de mercado de los spots en radio y TV que usan los partidos políticos, la solución es sencilla: que los concesionarios paguen derechos e impuestos por ese monto y los partidos no tengan spots gratuitos.
Dice la nota que, según los cálculos de Integralia, los partidos están recibiendo, este año, un subsidio de 15.8 miles de millones de pesos (mmp) por los spots en radio y TV, considerando solamente a 116 emisoras concesionadas del Valle de México y el DF. Es casi el triple de lo que reciben por financiamiento público para sus actividades ordinarias y de campaña. (El Financiero, 24/03/15).
Empecemos por aclarar que la reforma de 2007 no creó los llamados "tiempos de Estado" en radio y TV; sólo decidió cambiarlos de uso durante los procesos electorales.
Los 48 minutos diarios de que el Estado dispone en TV y radio provienen, por una parte de la Ley Federal en esa materia, que hace décadas estableció, a favor del gobierno federal, el pago en especie de una contraprestación, por el uso de un bien propiedad de la Nación, de 30 minutos diarios en cada canal y estación.
Los otros minutos provienen de un impuesto especial (IEPS), creado por decreto presidencial de 1968, aplicable a los concesionarios de TV y radio, pagadero en especie (Diario Oficial del 1/07/1969), es decir, con tiempo. En 2002, por el llamado decretazo, Vicente Fox decidió que el pago fuera de 18 minutos diarios. Así llegamos a los 48 minutos diarios de que dispone el Estado.
Si, como hace Ugalde, imputamos a los spots que usan los partidos el supuesto valor de mercado, habrá que hacerlo también con el tiempo que el Estado utiliza fuera de procesos electorales, que, siguiendo a Ugalde, equivale a 89.6 millones de spots por año, contra los 24.2 millones usados por los partidos del 10 de enero al 3 de junio de este año.
Si el libre mercado es el criterio, sugiero una alternativa: eliminar el pago en especie por derechos y IEPS a los concesionarios, para que los paguen en dinero, tomando como base el valor de mercado de los spots que podrían vender en los 48 minutos que hoy otorgan al Estado. Según mis cuentas -sigo las de Ugalde- eso le daría al erario, por año, por las 116 emisoras, más de 58 mil millones de pesos. No suena mal.
Quedarían dos problemas: qué hacer para que los partidos accedan a la TV y radio durante las campañas electorales, y determinar cuánto pueden gastar los entes públicos para difundir publicidad en esos medios.
Una opción es volver al modelo previo a la reforma de 2007, incrementando el financiamiento público para campañas, lo que, tomando las cifras de este año, implicaría un gasto adicional de 2.7 mmp.
Si toda la publicidad que difunden los Poderes de la Unión, y órganos autónomos, como el INE, en TV y radio, tiene que ser pagada, al ya no haber tiempos de Estado, pero habiendo ingresos al gobierno por derechos y IEPS a los concesionarios, habría recursos más que suficientes para sufragar el gasto, siempre y cuando los últimos no abusen en las tarifas y una ley racionalice la propaganda gubernamental en esos medios.
Otra vez se repite que hubo una "expropiación" a la TV y radio en beneficio de los partidos; otra vez habrá que explicar los motivos y razones de lo que se decidió en 2007. No hubo, ni hay, expropiación. Lo que se decidió, con resultados aún insatisfactorios, fue sacar de la competencia electoral el poder del dinero y de las televisoras; los boquetes en la ley, las conductas de concesionarios y partidos, así como la tolerancia o pasividad de las autoridades electorales, han impedido alcanzar ese objetivo.
Si los spots de partidos valen 15.8 mmp, en 116 emisoras, los del gobierno y otros entes públicos valen, en esas mismas emisoras, por año, 3.7 veces más; 58.4 mmp.
La reforma de 2014 agravó la espotización de las campañas, esa es la paja; la viga es el gasto, ese sí en efectivo, por la propaganda gubernamental.
Dice la nota que, según los cálculos de Integralia, los partidos están recibiendo, este año, un subsidio de 15.8 miles de millones de pesos (mmp) por los spots en radio y TV, considerando solamente a 116 emisoras concesionadas del Valle de México y el DF. Es casi el triple de lo que reciben por financiamiento público para sus actividades ordinarias y de campaña. (El Financiero, 24/03/15).
Empecemos por aclarar que la reforma de 2007 no creó los llamados "tiempos de Estado" en radio y TV; sólo decidió cambiarlos de uso durante los procesos electorales.
Los 48 minutos diarios de que el Estado dispone en TV y radio provienen, por una parte de la Ley Federal en esa materia, que hace décadas estableció, a favor del gobierno federal, el pago en especie de una contraprestación, por el uso de un bien propiedad de la Nación, de 30 minutos diarios en cada canal y estación.
Los otros minutos provienen de un impuesto especial (IEPS), creado por decreto presidencial de 1968, aplicable a los concesionarios de TV y radio, pagadero en especie (Diario Oficial del 1/07/1969), es decir, con tiempo. En 2002, por el llamado decretazo, Vicente Fox decidió que el pago fuera de 18 minutos diarios. Así llegamos a los 48 minutos diarios de que dispone el Estado.
Si, como hace Ugalde, imputamos a los spots que usan los partidos el supuesto valor de mercado, habrá que hacerlo también con el tiempo que el Estado utiliza fuera de procesos electorales, que, siguiendo a Ugalde, equivale a 89.6 millones de spots por año, contra los 24.2 millones usados por los partidos del 10 de enero al 3 de junio de este año.
Si el libre mercado es el criterio, sugiero una alternativa: eliminar el pago en especie por derechos y IEPS a los concesionarios, para que los paguen en dinero, tomando como base el valor de mercado de los spots que podrían vender en los 48 minutos que hoy otorgan al Estado. Según mis cuentas -sigo las de Ugalde- eso le daría al erario, por año, por las 116 emisoras, más de 58 mil millones de pesos. No suena mal.
Quedarían dos problemas: qué hacer para que los partidos accedan a la TV y radio durante las campañas electorales, y determinar cuánto pueden gastar los entes públicos para difundir publicidad en esos medios.
Una opción es volver al modelo previo a la reforma de 2007, incrementando el financiamiento público para campañas, lo que, tomando las cifras de este año, implicaría un gasto adicional de 2.7 mmp.
Si toda la publicidad que difunden los Poderes de la Unión, y órganos autónomos, como el INE, en TV y radio, tiene que ser pagada, al ya no haber tiempos de Estado, pero habiendo ingresos al gobierno por derechos y IEPS a los concesionarios, habría recursos más que suficientes para sufragar el gasto, siempre y cuando los últimos no abusen en las tarifas y una ley racionalice la propaganda gubernamental en esos medios.
Otra vez se repite que hubo una "expropiación" a la TV y radio en beneficio de los partidos; otra vez habrá que explicar los motivos y razones de lo que se decidió en 2007. No hubo, ni hay, expropiación. Lo que se decidió, con resultados aún insatisfactorios, fue sacar de la competencia electoral el poder del dinero y de las televisoras; los boquetes en la ley, las conductas de concesionarios y partidos, así como la tolerancia o pasividad de las autoridades electorales, han impedido alcanzar ese objetivo.
Si los spots de partidos valen 15.8 mmp, en 116 emisoras, los del gobierno y otros entes públicos valen, en esas mismas emisoras, por año, 3.7 veces más; 58.4 mmp.
La reforma de 2014 agravó la espotización de las campañas, esa es la paja; la viga es el gasto, ese sí en efectivo, por la propaganda gubernamental.
Semana Laica
Por Diego Valadés
Para el periódico REFORMA
La semana conocida como santa, por las celebraciones litúrgicas de la iglesia católica, forma parte de una tradición que hunde sus raíces en la edad media. La pascua es considerada la más antigua festividad cristiana y en 325 el Concilio de Nicea decidió que se celebrara a partir del primer domingo de plenilunio que siga al equinoccio de primavera.
Se ha tenido el cuidado de no convertir la celebración religiosa en feriado nacional. No es el caso de otros países de nuestro hemisferio, en varias de cuyas constituciones subsisten normas confesionales, ni lo fue durante mucho tiempo entre nosotros. Desde la independencia y hasta 1857 la religión católica era la única permitida en el país y durante largo tiempo incluso fue obligatoria. En la Constitución de ese año se suprimió la religión de Estado, gracias a la decisión de los constituyentes liberales, casi en su totalidad católicos. Este hecho es importante porque demuestra que el laicismo mexicano no es contrario a ningún credo.
¿Cómo se inserta una solemnidad religiosa en el contexto de un Estado laico? Los días jueves y viernes de esta semana no figuran entre los de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo; corresponden a una festividad que la tradición volvió vinculante en virtud de que el culto católico es mayoritario entre la población mexicana. En el país hay muchos feligreses de otras religiones abrahámicas, pero son minorías que limitan sus celebraciones a su ámbito comunitario.
El célebre historiador Albert Mathiez estudió (Los orígenes de los cultos revolucionarios) el esfuerzo realizado por los revolucionarios franceses para secularizar la vida social, adoptando incluso un calendario que suprimía toda referencia a las tradiciones religiosas. Pero los revolucionarios, entre los que figuraban muchos clérigos, estaban conscientes de que "ni los papas ni los siglos" habían podido desplazar el día de pascua, cuyo origen está en la antigüedad: en esa fecha los egipcios celebraban la resurrección de Osiris y los persas la de Auhra Mazda, por ejemplo.
Así como los revolucionarios advirtieron que la pretensión de alterar ciertas tradiciones era inviable, intentarlo hoy en los Estados constitucionales sería contrario a la libertad. Pero se puede plantear asimismo otra cuestión: que las tradiciones religiosas se preserven pero no a expensas de la laicidad.
La laicidad del Estado mexicano se perfiló desde el siglo XIX y aún no se consolida. El impulso más reciente corresponde a las modificaciones, en 2012 y 2013, a los artículos 40 y 24 constitucionales. De manera expresa México es un Estado laico donde existe el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de convicciones éticas y religiosas. Pero la práctica no ratifica esas normas.
Numerosas autoridades políticas han contravenido el ordenamiento constitucional consagrando los estados o los municipios que gobiernan a la deidad de sus preferencias. Además, las medidas adoptadas en 2009 por las autoridades de salud, prohibiendo que en los hospitales federales las mujeres ejerzan su derecho constitucional a la terminación anticipada del embarazo, fueron consecuencia de la presión clerical y no han sido revocadas después de las reformas constitucionales. Son hechos graves.
La religiosidad es un derecho individual. En un Estado constitucional los criterios religiosos no se deben adoptar como norma jurídica, porque eso equivaldría a su obligatoriedad. Las normas son susceptibles de aplicación coactiva y el Estado monopoliza esa facultad: por lo mismo, no la comparte con ninguna otra corporación. Además, en materia religiosa ni siquiera las iglesias deben ejercer coerción sobre sus feligreses.
Muchos dirigentes políticos se pliegan ante el alto clero con la intención de obtener votos, o por el riesgo de perderlos. Tal vez algunos incluso lo hagan por convicción. Ninguna de esas razones es compatible con un Estado laico; quienes así proceden contravienen la Constitución.
Consolidar el Estado laico todavía llevará muchos esfuerzos. La primera generación de liberales, encabezada por Valentín Gómez Farías, inició el proyecto reformador en 1833. Ha sido un camino largo y sinuoso; seguimos trabajando para alcanzar el objetivo deseado, pero quienes se oponen también están activos.
La secularización es un proceso histórico en el que participan creyentes, agnósticos y ateos. La semana es de oración para unos y de reposo para otros. Santa o laica, según cada quien, con respeto y en libertad.
@dvalades
Se ha tenido el cuidado de no convertir la celebración religiosa en feriado nacional. No es el caso de otros países de nuestro hemisferio, en varias de cuyas constituciones subsisten normas confesionales, ni lo fue durante mucho tiempo entre nosotros. Desde la independencia y hasta 1857 la religión católica era la única permitida en el país y durante largo tiempo incluso fue obligatoria. En la Constitución de ese año se suprimió la religión de Estado, gracias a la decisión de los constituyentes liberales, casi en su totalidad católicos. Este hecho es importante porque demuestra que el laicismo mexicano no es contrario a ningún credo.
¿Cómo se inserta una solemnidad religiosa en el contexto de un Estado laico? Los días jueves y viernes de esta semana no figuran entre los de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo; corresponden a una festividad que la tradición volvió vinculante en virtud de que el culto católico es mayoritario entre la población mexicana. En el país hay muchos feligreses de otras religiones abrahámicas, pero son minorías que limitan sus celebraciones a su ámbito comunitario.
El célebre historiador Albert Mathiez estudió (Los orígenes de los cultos revolucionarios) el esfuerzo realizado por los revolucionarios franceses para secularizar la vida social, adoptando incluso un calendario que suprimía toda referencia a las tradiciones religiosas. Pero los revolucionarios, entre los que figuraban muchos clérigos, estaban conscientes de que "ni los papas ni los siglos" habían podido desplazar el día de pascua, cuyo origen está en la antigüedad: en esa fecha los egipcios celebraban la resurrección de Osiris y los persas la de Auhra Mazda, por ejemplo.
Así como los revolucionarios advirtieron que la pretensión de alterar ciertas tradiciones era inviable, intentarlo hoy en los Estados constitucionales sería contrario a la libertad. Pero se puede plantear asimismo otra cuestión: que las tradiciones religiosas se preserven pero no a expensas de la laicidad.
La laicidad del Estado mexicano se perfiló desde el siglo XIX y aún no se consolida. El impulso más reciente corresponde a las modificaciones, en 2012 y 2013, a los artículos 40 y 24 constitucionales. De manera expresa México es un Estado laico donde existe el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de convicciones éticas y religiosas. Pero la práctica no ratifica esas normas.
Numerosas autoridades políticas han contravenido el ordenamiento constitucional consagrando los estados o los municipios que gobiernan a la deidad de sus preferencias. Además, las medidas adoptadas en 2009 por las autoridades de salud, prohibiendo que en los hospitales federales las mujeres ejerzan su derecho constitucional a la terminación anticipada del embarazo, fueron consecuencia de la presión clerical y no han sido revocadas después de las reformas constitucionales. Son hechos graves.
La religiosidad es un derecho individual. En un Estado constitucional los criterios religiosos no se deben adoptar como norma jurídica, porque eso equivaldría a su obligatoriedad. Las normas son susceptibles de aplicación coactiva y el Estado monopoliza esa facultad: por lo mismo, no la comparte con ninguna otra corporación. Además, en materia religiosa ni siquiera las iglesias deben ejercer coerción sobre sus feligreses.
Muchos dirigentes políticos se pliegan ante el alto clero con la intención de obtener votos, o por el riesgo de perderlos. Tal vez algunos incluso lo hagan por convicción. Ninguna de esas razones es compatible con un Estado laico; quienes así proceden contravienen la Constitución.
Consolidar el Estado laico todavía llevará muchos esfuerzos. La primera generación de liberales, encabezada por Valentín Gómez Farías, inició el proyecto reformador en 1833. Ha sido un camino largo y sinuoso; seguimos trabajando para alcanzar el objetivo deseado, pero quienes se oponen también están activos.
La secularización es un proceso histórico en el que participan creyentes, agnósticos y ateos. La semana es de oración para unos y de reposo para otros. Santa o laica, según cada quien, con respeto y en libertad.
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